La sensación de que Palacio es una cueva de ladrones.,Salvo Valentín Paniagua, con su breve gobierno de transición de nueve meses, todos los presidentes peruanos de las últimas tres décadas tienen un estatus judicial que implica alguna mancha sobre su honestidad, algo que refuerza la sensación en la ciudadanía de que, con escasas excepciones, el Perú es manejado por una manga de ladrones de diverso calibre, pero ladrones al fin y al cabo. El caso en el que no hay duda, pues ya ha sido condenado por corrupción –además de participación en homicidios– es el del ex presidente Alberto Fujimori, quien cumple condena en la sede de la Diroes a la espera de alguna gracia presidencial o –como sugirió alguna vez PPK– una norma del Congreso que controla su hija Keiko, que habilite alguna forma de sacarlo de la cárcel. De otro lado, las noticias que siguen llegando desde Brasil complican cada vez más la perspectiva judicial del ex presidente Ollanta Humala. La última es la revelación del testimonio de Marcelo Odebrecht de que la empresa que él presidía le entregó US$ 3 millones para su campaña del 2011, lo cual coincide con lo señalado hace unos meses por el ex delegado de la empresa en el Perú, Jorge Barata. En su caso, habrá todo un debate sobre el impacto judicial de fondos dependiendo de si fueron para la campaña o para el bolsillo del candidato, pero, al margen del impacto en las cortes, se trata de un hecho políticamente deplorable por la posibilidad de que dicha contribución pudiera condicionar las decisiones gubernamentales una vez iniciada la presidencia. Los testimonios entregados por Barata son, sospechosamente, hasta ahora, menos entusiastas cuando se refieren al ex presidente Alan García. No obstante, la fiscalía le ha abierto una investigación preliminar por hechos alrededor de la construcción del Metro de Lima realizada por Odebrecht, a pedido de la procuraduría anticorrupción, en el contexto de las evidencias más sólidas de sobornos pagados por esa empresa a funcionarios de su gobierno. Sobre el ex presidente Alejandro Toledo, en cambio, las cosas están más claras, luego de que se revelara evidencia abundante de un soborno de US$ 20 millones pagados por Odebrecht para facilitar que esa empresa construya la carretera interoceánica. Por más traumática que pudiera ser la constatación de que Palacio de Gobierno sea una cueva de ladrones, los procesos correspondientes se deben realizar caiga quien caiga, con rigurosidad y sin politización.
