El tweet de Juan de la Puente es elocuente: “Caso Chilca; es la 1ª vez que una mafia ya operativa busca el poder político, capta a su candidato y gana elecciones”. Hay cierto optimismo en eso de una primera vez, pero el texto se entiende: nunca se había visto tan clara esta modalidad de relación entre negocios delictivos y política. El fondo del asunto es que nuestra política, que ya ha perdido al partido político propiamente dicho como institución, ha pasado a perder su preeminencia como organizadora de la vida en sociedad. Incluso hasta aquí teníamos entendido que el jefe político siempre era el mafioso Nº 1, usando su poder político para organizar, mandar, obtener beneficios. Se sabe que el poder del dinero siempre ha podido influir en la política. Pero nunca habíamos visto políticos con un papel tan visiblemente subalterno como el del alcalde Richard Ramos. La mafia de traficantes de tierras casi de seguro lo designó para que se quemara una vez que todos los certificados truchos estuvieran firmados. Es obvio que este modelo de negocios chilcano opera entre nosotros desde hace ya cierto tiempo. Es probable que haya habido autoridades más proclives que otras a delinquir por su propia iniciativa. Pero cuando las mafias no pueden arriesgar que llegue al poder alguien dispuesto a enfrentarlas, empiezan a pensar en elecciones. Pero quizás esto no es hoy exclusivo de las mafias. Son conocidos los casos de grupos empresariales perfectamente legítimos que se organizaron para reclutar candidatos al Congreso afines a sus ideas. Todo esto perfectamente legal y a rostro descubierto. Promover un candidato es una práctica de la democracia representativa. El problema está en la representación misma. No es igual representar a un partido político serio que representar intereses particulares, legales o mafiosos. Al no haber partidos fuertes, sino meros membretes, la cosa se complica. Entonces Chilca puede ser vista como un caso extremo y criminal de un fenómeno cotidiano en la política electoral. Sin duda casos como el de Chilca son tareas policiales (muy exitosa en este caso), pero sobre todo son tareas urgentes para la tan reclamada y postergada reforma política del Perú. Antes de que las propias mafias se pongan también a reformar por su cuenta.
