La prisión preventiva de Félix Moreno nos confronta ante una situación que se vuelve en América Latina un enjambre de burocracia y corrupción. Políticos reciclados de distintos partidos serios —no olvidemos que Kouri y Moreno vienen del PPC— cuyos intereses políticos devienen en lo que el Grupo La Sarita ha calificado con inigualable expresividad: “y más poder/ y más poder/ aluciné que tenía poder”. En verdad no lo alucinaban, lo tenían: un poder que emanaba de alianzas abyectas y aliados serviles y un manejo dictatorial de la caja pública a beneficio de ellos mismos. Algo parecido sucedió con los dos ex presidentes del gobierno regional de Áncash, César Álvarez y Waldo Ríos; con el ex presidente del gobierno regional de Tumbes Gerardo Viñas Dioses; con el ex alcalde de Chiclayo César Torres; con el ex presidente regional de Ayacucho Wilfredo Oscorima; y con Kléver Meléndez, ex presidente del gobierno regional de Pasco. Pero lo que ha sucedido con el Alcalde de Chilca, Richard Ramos, es algo diferente y más grave por peligroso. No se trata de un político que deviene en corrupto, al parecer una tendencia usual en nuestro sistema de partidos —algo que le debería poner los pelos de punta a la ONPE—, sino de un peón burocrático de todo un sistema delincuencial cooptando al Estado con el objetivo de usarlo al servicio de sus mafias, incluyendo policías, comisarios, burócratas locales, alcaldes y, por supuesto, fuerzas de choque que amedrentan a otros políticos rivales o extorsionan a campesinos y dueños legítimos de los terrenos que invaden. Ramos no era un político sino un operador: un delincuente puesto en ese lugar solo con el único objetivo de facilitar el delito. En el primer caso, como sostiene la antropóloga Rita Segato para referirse a México: “nos encontramos ante una miríada de epifenómenos dispersos y fragmentarios de una estructura oculta”. Más de una vez los periodistas han insinuado que César Álvarez es solo un subalterno de alguien que no va a terminar preso como él. ¿Quién? Esa es la pregunta que debe hacerse la policía y los fiscales probos para indagar en el corazón de la putrefacción. Pero Richard Ramos es un síntoma: su captura, así como de casi toda la banda, nos está poniendo sobre aviso de algo mucho más elaborado que una organización ilícita para delinquir: nos advierte que es fácil utilizar los gobiernos municipales y locales como baja policía de señores poderosos, mafiosos o para-delincuenciales, que manejan desde la oscuridad un Estado alterno. ¿Acaso no es posible hacer lo propio en municipios y gobiernos regionales de Madre de Dios, Las Lomas (Piura), La Rinconada (Puno) y otros distritos manejados por la minería ilegal? Poner a un fantoche funcional al juego peligroso de los grandes señores cuyo interés es el control del territorio. Como señala el filósofo Slavoj Zizek, siempre hay un mensaje a descifrar detrás del síntoma, pero la pregunta no es “qué es lo que la formación del síntoma oculta” sino “por qué esa formación adquirió esa forma determinada”, puesto que en esa forma reside su especificidad. ¿Entendieron señores de la ONPE?
