Se podría pensar que el avance de las relaciones capitalistas haría que la mayor parte de las tierras les pertenezca a personas con títulos individuales de propiedad. Por tanto, las venden, las compran y las arriendan según su libre albedrío. El mercado de tierras sería igual al mercado inmobiliario, de autos o de cualquier bien transable. ¿Es esto así? ¿Es también el caso del Perú? Veamos antes cuál es la tendencia mundial, a partir de lo que nos dice el Informe 2015 de la Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI, en inglés) que incluye datos sobre 64 países con 10,600 millones de hectáreas (MHa), el 82% de la superficie terrestre mundial (1). De ese total, solo 1,939 MHa (el 18%) está oficialmente reconocida (OR) como tierra bajo la propiedad o el control de las comunidades locales y los pueblos indígenas. Aquí la clave está en “oficialmente reconocida”. Dice RRI que se calcula que las comunidades y pueblos indígenas poseen hasta el 65% de la superficie terrestre. Pero muchos gobiernos solo reconocen oficialmente los derechos sobre una parte mínima de esas tierras. Este es un factor decisivo en los conflictos sociales de muchos países e influye, por ejemplo, en inversiones que no se llegan a realizar, así como en la degradación ambiental, la extinción de culturas y, ojo, el cambio climático actualmente en curso. Hay una explicación metodológica indispensable y mucha más data relevante, de la cal extraemos solo algunos ejemplos. Veamos. Hay cinco países que dominan los resultados mundiales: China, Canadá, Brasil, Australia y México representan el 67% de la superficie mundial que oficialmente poseen o controlan pueblos indígenas y comunidades locales. Si tomamos el nivel de ingresos per cápita, los países con ingresos bajos (menos de 1045 dólares anuales) tienen menos cantidad de tierras comunales (el 14%) que los países de ingresos medios (hasta 12,700 dólares al año, grupo donde está el Perú) que tiene el 24% de tierras comunales. Lo que querría decir que, a menos avance institucional, menor reconocimiento de los derechos, aunque se menciona que ha habido importantes cambios en los últimos años. El caso peruano es singular. Dice el informe que los pueblos indígenas de Perú tienen 35.29 millones de Hectáreas, MHa, (el 28% del territorio nacional) oficialmente reconocidas. Pero, agrega el Instituto del Bien Común (2), con sede en Lima, hay 26.8 MHa adicionales que no están reconocidas. Esto elevaría el total de la propiedad de tierras de comunidades y pueblos indígenas a nada menos que el 49%. Agrega el IBC que en plena era digital, cuando el Ministerio de Energía y Minas tiene perfectamente registradas las casi 55,000 concesiones mineras en un sistema catastral moderno completamente georreferenciado, no existe una base de datos oficial sobre los linderos de las 10,500 comunidades indígenas del Perú. Según COFOPRI, solo el 6.7% de las comunidades nativas y el 38.5% de las comunidades campesinas cuentan con la georreferenciación oficial de sus linderos (3). ¿Dos varas y dos medidas? Aunque, en verdad, la georreferenciación está también bastante ausente en la propiedad “moderna”, lo que abona el terreno para los traficantes de tierras. La discusión de fondo tiene que ver con la propiedad comunal y el desarrollo. Para los neoliberales, las “tierras comunes” deben ser abolidas para tener un mercado de tierras. Consideran que la cosmovisión indígena y amazónica, basada en principios de solidaridad (yo te doy para que tú me des) y de acercamiento a la naturaleza lo único que hace es perpetuar el atraso. Para las comunidades amazónicas y nativas no se trata de ignorar o rechazar el mercado, sino de ver la mejor manera de relacionarse con él, a la vez que preservan sus propiedades, derechos, tradiciones y conocimientos ancestrales (claves en la diversidad biológica y la propiedad intelectual). Resolver esa ecuación no es fácil, claro está, pero sí queda claro –sobre todo a partir del “baguazo”- que la fuerza no resuelve nada. Pero la lección no se ha aprendido porque continúa la imposición vertical del gobierno contra las comunidades, lo que se ha visto en los “paquetazos ambientales” (sobre todo la Ley 30230) que retroceden en la consulta previa, el respeto a la organización comunal, el ordenamiento territorial y la casi abolición de la Zonificación Ecológica y Económica. Esta discusión ancha y ajena ha sido ampliamente debatida desde fines de la década del 20 del siglo pasado, pero no hay aún consensos. Seguro se va a retomar con la reconstrucción y no faltarán quienes planteen, como de Soto, que las comunidades deben tener derecho a tener los títulos de sus tierras y, también, a ser propietarias del subsuelo. ¿Para qué plantea esto de Soto? Para que las comunidades negocien directamente con las mineras y petroleras. Volveremos sobre esos temas, sin olvidarnos que la propiedad comunal es un tema global en una época de cambio climático global, como nos dice el Informe de RRI. Por lo tanto, debe continuar, con más velocidad aún, el reconocimiento oficial de las tierras de la comunidades locales y los pueblos indígenas. (1)¿Quién ejerce el control sobre la tierra en el mundo?, enhttps://rightsandresources.org/wp-content/uploads/Spanish_GlobalBaseline_complete_web.pdf (2) “Tierras comunales: Más que preservar el pasado es asegurar el futuro”, en http://www.ibcperu.org/wp-content/uploads/2016/05/Informe-2016-TIERRAS-COMUNALES_lg.pdf (3) A nivel internacional la georreferenciación de las tierras de los pueblos y comunidades indígenas tiene grandes niveles de avance, a partir del impulso de Landmark, La Plataforma Global de Tierras Indígenas y Comunales, que las mapea y documenta dentro de una sola plataforma global. Verwww.landmarkmap.org
