Una Autoridad Nacional de Transparencia en el Perú.,El Perú necesita una autoridad nacional de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, como un instrumento indispensable para combatir a la corrupción y, en ese contexto, promover la libertad de expresión y de información, y es muy probable que la nueva criatura nazca en las próximas semanas, antes del 7 de enero, cuando finalice el plazo de las facultades legislativas otorgadas por el congreso al gobierno. El país ya cuenta con normas de acceso a la información que obligan al Estado a entregar información sobres sus actos que sean relevantes para el conocimiento del ciudadano.La gente, incluidos los periodistas, debe tener el derecho a contar con información sobre lo que hace el Estado. Eso ayuda a conocer procesos que podrían ocultar corrupción. A mayor transparencia, se reduce el riesgo de la putrefacción en el gobierno.El problema es que no es claro, o sí lo es pero resulta muy engorroso, qué hacer cuando, como suele ocurrir, el Estado se niega a entregar determinada información porque considera que esta debe ser reservada y secreta.En ese caso, se puede recurrir al poder judicial, donde los procesos son larguísimos. Asimismo, se puede acudir a entidades para facilitar la entrega de información, pero esto casi nunca da buenos resultados. La Defensoría del Pueblo reporta unos 800 pedidos anuales de información que le llegan, y muy pocas veces se llega a conseguir lo que se busca.Por ello, es necesario crear una entidad que se encargue de asegurar los reclamos en los casos en que el Estado se niegue a proveer información que le sea solicitada.Afortunadamente, el plan de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski planteó exactamente eso: Acción estratégica 1: Crear e implementar la Autoridad Autónoma para la Transparencia y Acceso a la Información Pública. 2.1.1 Crear en el plazo más breve la Autoridad Autónoma para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobando el proyecto de ley –consensuado por el Poder Ejecutivo, con la Defensoría del Pueblo y la sociedad civil– que se encuentra en el Congreso de la República hace un buen tiempo. Esta Autoridad Autónoma contará con la capacidad de sancionar a las instituciones que incumplan con su obligación de proveer información pública. Para ello, tendrá un sistema informático que le permitirá hacer seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública a nivel nacional. Lo que ahora se requiere es, simplemente, que se cumpla.
