Pareciera que los conflictos sociales no afectan en mayor medida a las mujeres porque son los hombres quienes mueren en mayor cantidad durante los mismos. La CNDDHH reporta que por uso de la fuerza de la PNP o del Ejército el 81% de los muertos son varones (2003-2016). Estas cifras son similares a la diferencia por sexo entre los muertos del conflicto armado interno peruano 1980-2000. Sin embargo esta percepción es completamente falsa. Somos nosotras las mujeres quienes sufrimos en nuestros cuerpos, en nuestras actividades cotidianas, así como en nuestras familias, los diversos impactos de los conflictos sociales, específicamente, de los conflictos socioambientales. No se trata solo de que cuidemos a los que quedaron heridos o luchemos por la justicia ante la impunidad de los muertos por abuso de la fuerza en Conga, Espinar, Pichanaki, Tía María, sino que también somos las principales perjudicadas. Los conflictos vinculados con actividades extractivas perjudican la principal actividad de las mujeres rurales: el acarreo de agua. Por eso las mujeres consideran, en las mesas de diálogo, más importante garantizar el agua y la vida que poner cifras en las negociaciones. Personalmente creo que uno de los ejes de dominación que debe ser discutido con fuerza para analizar los impactos de los conflictos en la vida de las mujeres articula una triple discriminación: sexismo-racismo-clasismo porque, como bien dicen algunas de las líderes como Máxima Acuña de Chaupe “quienes vivimos nuestros cuerpos lo sabemos». La mujer indígena y campesina es doblemente subalternizada y más aun si es analfabeta y solo habla un idioma nativo. Esa subalternización no se da solo por las empresas extractivas y el Estado, muchas veces también sus propios compañeros, están cuestionando su “entrega a la lucha”. En la resistencia a las empresas extractivas son múltiples los problemas que involucran a las mujeres, pero es precisamente la negación de muchos líderes varones a reconocer su valía y su liderazgo o la exclusión en los procesos de diálogo, que socava con mayor fuerza su dignidad. Incluso suele darse el cuestionamiento de sus propias parejas o padres o hijos ante el «descuido» de sus roles tradicionales cuando participan con fuerza en movilizaciones. Las mujeres somos mal vistas por nuestro entorno, nuestras propias comunidades por ser visibles y fuertes y hablar en voz alta. Esta situación la aprovechan las propias empresas extractivas y de seguridad que, en realidad, no entienden lo que implica una perspectiva de género ni en los diálogos ni en las medidas de seguridad. Al contrario, algunos funcionarios poco éticos usan estas diferencias para incordiar a los dirigentes con las mujeres, o incluso, a las parejas entre ellos y a las familias, exhortando al varón a que “se haga respetar” ante su combativa esposa. Apelar al machismo y a la dominación masculina es una de las principales quejas que he escuchado de las mujeres defensoras del medioambiente, doblemente deplorable si es una estrategia de empresas que dicen respetar los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos.
