@nelsonmanrique La última encuesta de GfK anuncia el fin de la luna de miel entre el país y PPK. Una caída de 10 puntos, que reduce a 52% su respaldo, y un incremento de su desaprobación en 15, elevando su rechazo a 32%, son un llamado de atención que le exige hacer política. PUEDES VER: Aprobación de Luz Salgado, presidenta del Congreso, cae 8 puntos. Tampoco le ha ido muy bien al Congreso: su labor es desaprobada por el 57% de los encuestados y es aprobada solo por el 27%. Luz Salgado, su presidenta, baja a 36% de aceptación, perdiendo 8 puntos, e incrementa su rechazo en 4 puntos, llegando al 40%. Si ni el gobierno ni su principal fuerza opositora capitalizan el descontento hay un espacio donde pueden crecer otras alternativas. A las razones más o menos evidentes de la caída de PPK –la represión en Las Bambas con el saldo de un muerto y el escándalo Moreno– debe añadirse el sentimiento de que él ha optado por entregarle al fujimorismo todo lo que este pide, como una manera de tenerlo contento para que lo dejen gobernar, aceptando los límites que tengan a bien concederle. La fujimorista Úrsula Letona lo expresó con insuperable claridad cuando, ante la protesta por la incorporación al directorio del Banco Central de Reserva de José Chlimper y Rafael Rey, recordó al oficialismo qué margen de acción piensan concederle: “¡Aplaudan cuando nosotros les otorgamos gobernabilidad!”. La elección de Chlimper y Rey al BCR viola la ley orgánica de la institución y constituye una nueva traición de Keiko Fujimori a sus promesas electorales. Ella afirmó que quienes fueran elegidos para la Sunat, Sunarp y el BCR no serían militantes de su partido, sino “independientes con experiencia y con una trayectoria intachable”. Como es sabido, Chlimper está involucrado en el escándalo de la adulteración de audios para limpiar a Joaquín Ramírez, el principal financista de Fuerza Popular, investigado por la DEA por lavado de activos. Adicionalmente, es el actual Secretario General de Fuerza Popular y ya Luis Galarreta anunció que no va a abandonar su cargo para incorporarse a la dirección del BCR. Rey por su parte reconoce no saber de economía, pero promete estudiar. Tampoco ha sido especialmente lucida la participación de PPK, con un bloque parlamentario que se opuso a la elección de Chlimper al mismo tiempo que el presidente lo elogiaba públicamente; una buena muestra de hasta qué punto sigue siendo precaria la institucionalidad del partido de gobierno. Así, el fujimorismo se asegura en tres meses el control de la Defensoría del Pueblo, la SUNAT y el BCR, logra impedir que la Unidad de Inteligencia Financiera UIF pueda compartir sus hallazgos con los órganos tributarios y de justicia (un regalo para los narcotraficantes, los lavadores activos y los políticos que reciben financiamiento de ambos) y ahora intenta conseguir, siempre jugando en pared con el Apra, liquidar la reforma de la Universidad. ¿Hay un proyecto político detrás del copamiento de las instituciones por parte del fujimorismo? El objetivo fundamental, perseguido en alianza con el Apra, es asegurar la impunidad de sus inculpados, en primer lugar, y los negocios, inmediatamente después. El fujimorismo no pretende representar a un bloque social específico, sino negociar sus servicios con quienes estén dispuestos a demandarlos. Es bueno recordar a Alberto Fujimori vendiéndole 50 mil fusiles a las FARC, como narra Andrés Pastrana, presidente de Colombia cuando se realizó este negociado infame (http://bit.ly/2dVaUCK). La independencia en la dirección del BCR tiene muy importantes implicaciones. Óscar Dancourt, ex presidente de la institución, lo explica con un ejemplo concreto: cuando el BCR decidió vender la mitad de sus reservas de divisas (25 mil millones de dls.) para moderar el alza del dólar sin rebajar la tasa de interés de referencia favoreció a los grandes deudores en moneda extranjera, perjudicando los intereses de la economía nacional. Estas decisiones ponen en juego miles de millones de dólares, de allí la exigencia de honestidad y competencia profesional para ocupar este cargo. La decisión de Leo Pinheiro de acogerse a la delación premiada, que involucra a 68 funcionarios más de Odebrecht, es una grave amenaza para los implicados en negociados con la empresa brasileña, que obtuvo contratos por 35 mil millones de soles con los últimos gobiernos: cerca de 4 mil millones durante el de Toledo, alrededor de 6,800 millones durante el de Alan García y cerca de 25,000 millones en el de Ollanta Humala. Está por ver si corrieron comisiones y por cuánto. La lucha contra la corrupción debe ser el punto uno de la agenda nacional.
