A propósito del conflicto en Las Bambas, los términos del debate con la derecha empresarial quedan meridianamente claros leyendo unas importantes declaraciones del presidente de la Sociedad de Minería y Petróleo, SNMPE, Sr. Carlos Gálvez Pinillos. Según su parecer, los destacamentos policiales deben estar instalados dentro de los campamentos de las empresas mineras porque en esas alturas “estamos en medio de la nada. ¿Cómo se alimentan?, ¿cómo se abrigan?”. En efecto, como el Sr. Gálvez reconoce, los pueblos más pobres del Perú están ubicados donde se hallan las operaciones mineras y en ellos no hay ni alimento ni abrigo. Sostiene que es el medio de la nada. Pero sí hay gente, quizá la densidad es baja, pero están tan interesados en su destino que hemos visto en TV muchísimos campesinos acudiendo al diálogo con el vicepresidente Vizcarra. Su pregunta es fácil de comprender. ¿Cuál es la razón para la continuidad de su pobreza cuando ven pasar frente a sus ojos tanta riqueza que sale de su territorio? Quizá algunas propuestas pueden ser simples, como cobrar una cantidad por cada camión. De hecho, el presidente de la SNMPE se burla de una propuesta de cupos que atribuye al presidente de la comunidad de Choquecca. Pero el problema es claro para quien lo quiera ver. Si es verdad que la minería es la principal ventaja comparativa del país, ¿por qué tanta pobreza en las regiones productoras? El Sr. Gálvez ensaya una respuesta, sosteniendo que los impuestos que paga la minería son destinados a Lima porque la clase política toma decisiones para favorecer a la mayoría de electores. En alguna medida tiene razón. Pero dónde están sus propias responsabilidades. ¿Acaso no hay una simbiosis entre grandes empresas extractivas y poder político? Desde los noventa en adelante, todos los gobiernos han sido funcionales al modelo exportador de materias primas. Quizá Humala retrocedió en dos ocasiones: Conga y Tía María, porque no se atrevió a enfrentar la protesta social, pero en los últimos 25 años no se recuerda ninguna contradicción fundamental del Estado con el sistema basado precisamente en las exportaciones mineras. Así, se trata de políticas públicas que se han desarrollado con el beneplácito de las empresas mineras, que han creído que lograr paz social era cuestión de repartir dinero y olvidarse del asunto. Pero es correcto el punto del presidente de la SNMPE, porque el Estado es el representante del bien común. De ahí que sea clave la seriedad de los compromisos asumidos por el vicepresidente Vizcarra. En el terreno de las posibles soluciones, el Sr. Gálvez lanza una idea que suena interesante: construir un ramal al ferrocarril del sur. Total, si el problema son grandes camiones que recorren la zona a toda velocidad levantando un polvo de muerte y provocando pequeños sismos que destruyen hasta las viviendas, entonces que el transporte sea por tren, un medio más limpio y seguro. Además, el ferrocarril del sur ya existe y un ramal debe ser financiable. Pero solo resuelve un aspecto parcial. La pregunta es ¿qué puede hacer el Estado por esos pastores de puna que durante el diálogo estaban sentados en los cerros? Como el clima es inhóspito y la agricultura incipiente, quizá Cotabambas nunca se transforme en una próspera zona agrícola, aunque la ganadería podría tener mejor futuro. Pero la verdadera clave está en la gente. El Estado debería garantizar cosas simples, aquellas que el presidente de la SNMPE pide para los policías alojados en los campamentos: calefacción y alimentación. A lo que añadiría: educación y salud, para completar cuatro demandas básicas que potencien sus habilidades para encarar un mundo ferozmente competitivo, donde no desean ser los perdedores de siempre.
