“Aquí no debería de haber ningún muerto” fue lo que comentó el presidente Kuczynski ante la grave situación que explotó en Las Bambas en setiembre del 2015. El viernes se produjo el primer homicidio por un conflicto socioambiental durante este gobierno, del comunero Quintino Cereceda Huisa, debido al gatillo fácil de la PNP amparados por una estructura de normas que flexibilizan el uso de la fuerza y nos ponen en peligro a todos los ciudadanos (Ley 30151, DL 1095). Hay que reconocer el gesto del Ministro del Interior, Carlos Basombrío, al salir a la prensa y admitir que el señor Cereceda murió por un PAF (proyectil de arma de fuego) de la propia Policía Nacional y por una orden inconsulta del jefe de Planeamiento Operativo, Juan Fernando Sarango, que actuó por su cuenta y apoyado por la empresa minera. El ministro ha puesto el dedo en la llaga: las relaciones extremadamente peligrosas entre las empresas mineras y la PNP avaladas por convenios secretos para darles servicios. “Se confirma que hay una relación directa entre las regiones policiales y las empresas mineras, bajo la cual un determinado número de efectivos policiales dotan de seguridad privada a la minera, servicio por el cual reciben una contraprestación económica (100 soles diarios, y 150 soles para los jefes). La región policial, además, está recibiendo una cantidad de dinero, en torno a los 20 mil soles al mes. Se percibe una relación económica patrimonial: la policía se ‘mercenariza’ cuando brinda seguridad a la minera” es lo que ha declarado ayer la abogada Ruth Luque a Gran Angular. Luque es miembro de Derechos Humanos Sin Fronteras-DHSF, y ha batallado a través de un habeas data para tener acceso a estos convenios secretos entre la PNP y las mineras. Este “escándalo” viene siendo denunciado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos desde hace varios años, no solo en la prensa peruana que no escucha, sino también ante Naciones Unidas y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este gobierno no puede volver a cometer los mismos errores de los gobiernos de Humala y García: continuar con el secretismo de los convenios y “dialogar con balas” debido a una paranoia estructurada desde la DINI acusando a todo títere con cabeza dentro de un conflicto socioambiental como “terrorista antiminero”. Por eso preocupa que hoy la DINI esté en manos de alguien estrechamente vinculado a las empresas extractivas. Guillermo Fajardo fue gerente de Duke Energy durante el problema con la Laguna Parón en Áncash (2011), y luego pasó a ser gerente de relaciones institucionales de la Southern para promover Tía María, precisamente durante el último conflicto con cuatro muertos en el valle del Tambo (2014). Ayer domingo, en el diario El Comercio, Luis Terán denunció que a través de Fajardo, Gilbert Violeta solicitó a Duke Energy donaciones de dinero para la campaña de PPK. Esta situación excede a las “puertas giratorias” y se acerca a la instauración de una mafia interna.
