Este año, la Defensoría del Pueblo cumple dos décadas de importante labor a favor de la defensa de los derechos humanos y la mejora de la relación entre el Estado peruano y los ciudadanos. El trabajo de esta institución ha sido clave en diversas coyunturas críticas para nuestra patria: el descubrimiento del caso de las esterilizaciones forzadas, la defensa del orden democrático frente a un gobierno que quería perpetuarse en el poder, las acciones emprendidas para apoyar a la Comisión de la Verdad y Reconciliación, los recursos legales vinculados a normas sobre servicio y justicia militar, la defensa de la consulta previa y, en general, de los grupos más vulnerables, son algunos de los hitos en los que ha tenido una especial preocupación. Estos veinte años coinciden con la elección de un nuevo Defensor del Pueblo, cargo que, en calidad de encargado, asumió Eduardo Vega Luna con especial brío e independencia. Su labor, comprometida con los derechos fundamentales de las personas, no solo ha mostrado calidad profesional, sino también ha quedado expuesta su honda sensibilidad frente a las diversas situaciones en que cualquier peruano ha visto vulnerados sus derechos. Por ello, no podemos sino lamentar que el Congreso de la República no haya considerado su nombre para poder asumir este encargo de manera titular, ello al tiempo que le expresamos el reconocimiento que merece por el importante trabajo emprendido durante el último lustro. Comparto, sin duda, las preocupaciones que algunas organizaciones de la sociedad civil tienen sobre la inexistencia de reglas, plazos y un sistema de evaluación pública de los postulantes a la Defensoría del Pueblo. No cabe duda que, luego de dos decenios, resulta imprescindible que el Congreso de la República comience a contar con un reglamento para esta elección, a fin de evitar que, como se intentó hace algunos años, este importante puesto se convierta en objeto de un reparto que responda a intereses políticos subalternos. Por ello, resultará importante que los parlamentarios escojan a los candidatos seleccionados, con la mayor amplitud de criterio y evaluando, sin cortapisas ideológicas o antipatías personales, la trayectoria profesional y ética de los candidatos. Y, como algunos medios de comunicación han planteado, resulta indispensable que los peruanos conozcamos cuáles son los planes de trabajo de quienes quieren asumir tan alto cargo.Tengo el privilegio de conocer a los tres postulantes a este cargo. He pertenecido al Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral y he podido comprobar allí la solvencia profesional y calidades humanas de Walter Gutiérrez, quien encabezó esta instancia en las dos ocasiones en las que he integrado la misma. El compromiso de Samuel Abad con los derechos humanos ha quedado patente en su paso por la Defensoría del Pueblo como adjunto, así como en su trabajo como abogado privado. Finalmente, Enrique Mendoza cumplió una labor importante al frente de la Oficina de Control de la Magistratura y tuvo un paso sobrio por la presidencia del Poder Judicial. Por ello, es indispensable que los tres postulantes puedan mostrarnos aquello que quieren hacer a favor de una entidad que, sin duda, requiere un manejo pulcro y una persona con fuerte empoderamiento ético. Esperemos que el Congreso de la República, más allá de prejuicios, evalúe con ponderada inteligencia los méritos personales de cada una de las personas invitadas.
