Ipsos confirma que para el 61% de los encuestados el principal problema del Perú hoy es la delincuencia. La encuesta incluye un 48% para la corrupción y un 19% para el narcotráfico y el consumo de drogas. Se entiende que en principio la dinámica de los tres problemas es que avanzan juntos, potenciándose y dándose la mano. Aquella parte de la policía que actúa correctamente no se da abasto. Luego las capturas que logra realizar en muchos casos terminan en una irregular liberación de los capturados, lo cual a su vez tiene un desmoralizador efecto de demostración. Así, los delincuentes son cada vez más, cada vez más reincidentes y cada vez más avezados. Cada vez está más claro que se trata de una verdadera guerra que el país está perdiendo, y que es en buena medida una guerra cultural y política. Los antivalores que deciden a las personas a incursionar en la delincuencia están sólidamente instalados en todos los niveles socioeconómicos de la sociedad, y nada sugiere que eso esté retrocediendo. La idea central con la que los expertos y la población se están manejando hasta ahora es que si todos los que persiguen y juzgan hicieran su tarea a cabalidad, el problema desaparecería, o se reduciría a niveles tolerables. Algo que es más fácil de decir que de hacer, y que quizás no está tomando en cuenta el aspecto social del asunto. La delincuencia en alza es producto de la enorme economía ilegal del país, que libera a grandes cantidades de personas de todo compromiso con la ley. Personas que a su vez son instrumentales para mantener a esa economía ilegal operando. Podemos llamarlo problema social, pero también lo podríamos llamar un país en formación dentro del Perú. Cada vez más políticos aparentemente comprometidos con la defensa y administración del orden constitucional en verdad tienen pactos concretos con ese nuevo país que viene fortaleciéndose dentro del Perú. Así, no solo hay sicarios juveniles o bandas de descerebrados, sino también y sobre todo un gran capital delincuente. Posiblemente el gran tema en disputa entre los dos países, por así ponerlo, es la adecuación del orden nacional a las necesidades de la criminalidad a todo nivel. Jueces o policías por sí solos no van a resolver el problema. En realidad es una tarea para políticos.
