La afirmación de que entre Fuerza Popular (FP) y Peruanos por el Kambio (PPK) existen grandes similitudes, más en economía y mucho menos en política, deviene en una frase hecha de la campaña para la segunda vuelta. Al ser tomada como absoluta sirve para casi todo, para proponer el voto en blanco o viciado o para creer que hay poco en discusión, que como el modelo se ha salvado da lo mismo Juana que Chana. Es una afirmación generalista, facilona, ociosa e inútil, una idea cuya certeza fue breve, no más de una semana, y por ello sorprende que su eco sea tan largo y que siga envolviendo a un país cómodamente instalado en la falta de profundidad del debate electoral. Escojamos dos o tres temas de la agenda pública para apreciar diferencias cruciales. En economía, PPK propone rebajar el IGV a 15% en tres años, a lo que se opone FP que, en cambio, plantea eliminar la rebaja escalonada del Impuesto a la Renta que debe llegar a 26% el año 2019. No es cualquier diferencia, es el financiamiento del desarrollo y de esto depende el ritmo de la inversión pública y privada, el relanzamiento de la descentralización y la creación de empleo. En seguridad ciudadana, FP propone como eje el retorno al sistema de servicio policial 24x24, abrir la puerta a la pena de muerte y una suerte de militarización de la lucha contra el crimen; PPK está en contra de esos tres planteamientos y su enfoque es distinto: todo debe empezar con la refundación de la Policía. Tampoco son diferencias menores; de ellas depende el emplazamiento de actores y de planes, y los liderazgos institucionales. Sobre la lucha contra la corrupción no hay contradicción pero acentos distintos: FP propone contralorías regionales autónomas y gobierno abierto y PPK una autoridad autónoma para el acceso a la información pública y la muerte civil de los corruptos. Allí también se aprecia la diferencia entre un enfoque de política y otro de reforma institucional. Pero hay otra variable en juego, y es el silencio. Un grupo importante de temas de la agenda pública no ha merecido detalles de ambos grupos en campaña. Los dos más sonados son la falta de respuesta a la propuesta de Proética de celebrar un Pacto contra la Corrupción, y la nebulosa en que ha devenido la reforma política, de la que todos hablan pero guardan silencio sobre precisiones, plazos y prioridades. Podríamos convivir hasta el 5 de junio y hasta el 28 de julio inclusive, con la fácil idea de las grandes coincidencias. No obstante, en los primeros meses del próximo gobierno nos despertará la dura realidad de una mayoría política que cobija diferencias de fondo y que tiene al frente una oposición de izquierda con propuestas distintas al bloque de partidos que ahora disputa la segunda vuelta. No nos contemos cuentos. Ningún país se gobierna con consensos tácitos y debe superarse la idea que lo que está en juego solo es la dinámica del gobierno. No; está en juego el modelo de gobernabilidad, las reformas que dominan una agenda cargada y la relación de esos cambios con una sociedad civil activa que no bajará los brazos sea cual fuese el resultado del 5 de junio. Más allá de las operaciones de marketing electoral los partidos que van a la segunda vuelta –que en votos emitidos suman el 49.91% del electorado– no se han abierto al 50.09% de electores que votaron por otros partidos o votaron en blanco o viciado, que todos suman más de 9 millones, y a los 4 millones que no votaron. Impedir que el país retroceda de sus estándares políticos es un tema de fondo en la campaña, y en esa dirección el voto de contenido democrático es la base de cualquier cambio. El segundo asunto de fondo es la recuperación de la capacidad de pacto que el país ha perdido –los pactos arriba y los de abajo– y que probablemente conduzca a que el resultado del 5 de junio sea frío y un tanto pesimista. Si a la democracia le falta alegría y optimismo, es obvio que hay mucho más por cambiar.
