Los que conocen cómo se hacen reformas en el Perú saben bien que la manera más efectiva de acabar con ellas no es cortándolas abruptamente, sino dejándolas morir. Se nombra como nuevo responsable un incapaz sin interés en continuarlas. O a alguien vinculado a los intereses afectados por los cambios. Se cortan sus fondos y se aísla a los reformadores. Y en algún momento la reforma muere. Este gobierno sale golpeado, con escándalos (algunos más inflados que reales) y no tendrá congresistas que defiendan sus legados. Y aunque no provoque, hay varias cosas que defender. Una mirada objetiva muestra avances importantes que hoy están en riesgo. Esta semana, por ejemplo, se ha discutido el retroceso que representaría para la reforma policial la propuesta fujimorista de retornar al sistema 24x24. Hay razones importantes que atender en los reclamos policiales, pues muchos agentes han perdido un ingreso necesario para balancear sus magros sueldos. Pero volver a este sistema, por la corrupción e incentivos perversos que produce, sería un grave error. Ahora piense en otras reformas en proceso o en logros que podrían ser revertidos. La reforma universitaria, los cambios en la educación, los avances en la implementación de la ley del servicio civil (que viene del anterior gobierno), la calidad técnica y autonomía del MIDIS, el plan de diversificación productiva, la consulta previa, el proceso de formalización de la minería de oro, entre otros. Algunos de estos temas tocan aspectos centrales para el desarrollo a los que los defensores del “modelo que funciona solo” no les dieron mayor interés en veinte años, aspectos que en otros países son de sentido común. Corren el riesgo de ser relegados en gobiernos donde estas visiones ortodoxas volverán a tener influencia. Y es evidente que hay poderosos grupos de presión beneficiados por el statu quo que esperan el cambio de gobierno para intentar revertir los cambios. Las reformas tienen pocos aliados. Como muestran diversos trabajos sobre procesos de fortalecimiento institucional, sin demanda de buenas instituciones es muy difícil que estas se enraícen. Se necesitan actores sociales y políticos, grupos de interés, usuarios preocupados, demandando que las reformas continúen y cumplan con sus objetivos. ¿Contamos con esa demanda social hoy? No. Por un lado, las propias reformas son de ritmo lento, demoran en mostrar beneficios tangibles para una población que todavía no percibe su relevancia. Con el desbande del nacionalismo y la baja popularidad de Humala, el lado de apoyo político parece descartado. Además, en el Perú la sociedad civil interesada en estas reformas tiene un poder limitado o carece de las capacidades técnicas para hacerle un seguimiento efectivo. Para colmo estos temas no están presentes en la televisión abierta. Ocupan minutos en un programa dominical o noticiero cuando hay un escándalo, pero no se les dedica el tiempo suficiente para conocer sus virtudes, problemas y avances. Es difícil politizarlas, hacerlas parte de nuestros intereses cotidianos. Entonces, su continuidad depende en buena cuenta de los nuevos gobernantes tras 28 de julio, lo cual las hace precarias. ¿Qué hacer en estos meses para contribuir a su continuidad? Por un lado, ojalá los ministros y ex ministros que las iniciaron resalten sus avances y significado. Ello implica reunirse con los grupos políticos que tendrán poder en el próximo Congreso, oficialismo y oposición, para informar e intentar convencerlos que introduzcan los temas entre sus prioridades. Asimismo, estos actores deberían coordinar entre ellos para pensar cómo mantener vivas sus reformas, les toca hacer política. A las universidades y a los centros de investigación nos compete poner estos temas en agenda. Ojalá los medios también sean conscientes de su responsabilidad. Y claro, introducir estos debates en la pelea por el voto en la segunda vuelta.
