La semana pasada decíamos que esperábamos que el Jurado Nacional de Elecciones, respecto a Julio Guzmán, privilegie el derecho a la participación por encima de problemas con formalidades subsanables. Más todavía si es que vemos que otras candidaturas han incurrido también en problemas formales y no merecieron el mismo celo fiscalizador. Respecto a César Acuña, decíamos que su exclusión nos parecía desproporcionada e injusta. Minimizar los problemas que crea esta exclusión, ya irreversible, implica aplicar el artículo 42 de la ley de organizaciones políticas a todos por igual. La ley prohíbe “efectuar la entrega, promesa u ofrecimiento de dinero, regalos, dádivas u otros obsequios de naturaleza económica; además dice que está prohibido hacerlo “de manera directa o a través de terceros”. La ley dice que esta prohibición “se extiende a los candidatos a cualquier cargo público de origen popular”, y “será sancionado con la exclusión del proceso electoral”. Lamentablemente para el caso de Acuña, tuvimos una infracción que era muy clara para una ley muy extremista. Pero una situación similar parece ser la de Vladimiro Huaroc (donación de víveres a damnificados a través de terceros), o José Luna (promesa de beca de estudios a un concursante en un programa de televisión). En este momento es muy importante salvar la legitimidad del proceso electoral ante la ciudadanía. Para el Jurado está a la mano actuar con razonabilidad (no de manera formalista y extremista) y aplicar el artículo 42 de la ley de organizaciones políticas a otros candidatos, mostrando mínimo de equidad en las decisiones. De otro lado, aunque es mucho más difícil por los argumentos expuestos hasta el momento por el pleno del Jurado Nacional de Elecciones, correspondería rescatar la candidatura de Guzmán. Esta decisión tiene altos costos sobre la legitimidad de la elección, pero más altos aún no tomarla. Si Guzmán queda fuera, ¿cuán mellada queda la legitimidad de la elección? Mucho, lamentablemente, aunque no tanto, a mi juicio, como para considerarla inválida o fraudulenta. La exclusión de Guzmán tiene claramente bases legales, y a mi juicio no puede ser calificada de arbitraria, aunque sí de equivocada. Y en cualquier caso, si bien uno tiene derecho a criticar las decisiones del Jurado, me parece claro también que debería respetarlas y acatarlas. ¿A dónde nos conduce el camino de hablar de fraude o cuestionar la legitimidad de la elección? No veo ningún escenario mejor que el que tenemos, ya malo de por sí. Habría que evitar un curso de cada vez más acusaciones y ataques, y crecientes niveles de intolerancia y violencia. Me parece muy preocupante que haya agresiones en contra de diferentes candidatos o que se pretenda impedir la realización de sus actividades de campaña; y peor aún, que esto sea celebrado y alentado en nombre de la democracia. Hay que defender el derecho de todas las agrupaciones y ciudadanos para apoyar o para estar en contra de alguien, pero sin recurrir a la violencia.
