A poco más de un mes de las elecciones generales, no sabemos cuáles son los candidatos ni a la presidencia ni al Congreso. Muy probablemente varios caerán, no solo por decisión del JNE, también porque quienes evalúen que no pasarán la valla electoral se retirarán de la contienda, amparándose en los últimos cambios a la ley de partidos hechos por el Congreso, que increíblemente permiten mantener el registro a pesar de no participar en dos elecciones generales sucesivas. Esto nos lleva a señalar la irresponsabilidad del Congreso. Si el Jurado está todavía viendo objeciones a candidaturas es porque el Congreso no aceptó la propuesta de cambiar los plazos de convocatoria a elecciones y de inscripción de candidaturas, por ejemplo. El Jurado Electoral Especial de Lima (JEE) excluyó a César Acuña del proceso electoral por haber violado el nuevo artículo 42 de la ley de organizaciones políticas, parte de las últimas modificaciones. Legalmente, creo que Acuña prácticamente no tiene salida: la ley señala expresamente que si entregas dinero en campaña la sanción es la exclusión del proceso. Al mismo tiempo, me parece que la sanción es desproporcionada e injusta, porque la única sanción prevista es la exclusión, cuando debería haber una gradualidad en las mismas. Se desdeña el derecho a la participación y la representación política, lo que nos lleva nuevamente a la irresponsabilidad del Congreso. El caso de Guzmán es ambiguo, pero la manera en la que el JNE lo ha manejado ha sido terrible. Primero, el 15 de febrero el JNE declaró improcedente la inscripción del estatuto de Todos por el Perú (TPP) y del Tribunal Nacional Electoral que organizó el proceso que lo eligió como candidato, basándose en consideraciones excesivamente formalistas. Es evidente que la voluntad de los miembros de ese partido es que Guzmán sea candidato, por lo que tiene sentido que los problemas formales de una asamblea se puedan subsanar en otra posterior, si todos están de acuerdo. Así lo interpretó el JEE el 24 de febrero cuando aceptó la inscripción de la candidatura de Guzmán. Increíblemente, el 3 de marzo, al responder al pedido de tachas, el JEE se desdice, y acepta el criterio del JNE del 15 de febrero. Su justificación es que la decision del JNE de ese día fue objetada, y recién fue resuelta el mismo 24 de febrero, por lo que no pudieron tomarla en cuenta en la decisión que hicieron pública ese día. Aparentemente, en el JEE no siguen las noticias ni en diario, ni televisión o radio. Al formalismo se añade la incoherencia, lo que abre la puerta a especulaciones y suspicacias. Queda la esperanza, aunque remota, de que en los próximos días el JNE, al evaluar la candidatura de Guzmán, y no el tema de sus estatutos, privilegie el derecho a la participación por encima de formalidades subsanables. Y todavía están pendientes las objeciones a sus listas al Congreso, lo que nos lleva a otro tipo de problemas. Moraleja: urge una reforma política en serio a partir del 28 de julio.
