Si Julio Guzmán y César Acuña no hubieran salido del pelotón de los pitufos no estarían sufriendo el fuego graneado de sus competidores políticos y de los medios concentrados. Apenas pasaron el umbral del 5% y entraron a disputar el segundo lugar a los candidatos favoritos del establishment, los medios concentrados enfilaron todas sus baterías contra ellos. Apoyándose en múltiples y descarados plagios de Acuña, desplegaron una contracampaña feroz para sacarlo del juego electoral. Sumaron la compra de votos con plata como cancha para reforzarla. A Guzmán se le acusa de incumplir ciertos procedimientos administrativos en su inscripción partidaria. El caso de Guzmán saca a la luz el divorcio existente entre la normatividad jurídica y la realidad sociopolítica del país. Se aplica rigurosamente una ley de partidos y se exige el cumplimiento estricto de engorrosos procedimientos de organización y funcionamiento de estructuras partidarias en un país donde no hay partidos. Este choque entre lo jurídico y lo político da lugar a tres situaciones más o menos diferenciadas. La primera se refiere a los partidos que agonizan, sobreviven y cuentan, sin embargo, con una mínima estructura partidaria y con una vasta experiencia en las lides electorales. Ellos cumplen mal que bien con toda la parafernalia procedimental. La segunda tiene que ver con los candidatos que mienten bien. No tienen estructuras partidarias, pero cuentan con una cierta experiencia en inventar en forma creíble estructuras, asambleas, reuniones, acuerdos y procedimientos de tal forma que no sean observados por los organismos electorales. La tercera alude a los candidatos que mienten mal. No tienen una mínima estructura partidaria ni experiencia alguna en inventar situaciones creíbles ni en llenar bien los papeles necesarios a ser presentados a los organismos electorales. Esta es la situación de Julio Guzmán y sus moraditos. ¿Qué hacen los organismos electorales frente a estas diversas situaciones? En el mejor de los casos, surgen dos corrientes como hemos visto en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE): los procedimentalistas extremos y duros y los procedimentalistas laxos y blandos. Los primeros no toman en cuenta el choque entre lo jurídico y lo político, aplican las normas a rajatabla y se llevan de encuentro algunos derechos fundamentales de los candidatos y de los ciudadanos que los respaldan. Los segundos consideran el divorcio entre la ley de partidos y la realidad sin partidos, aplican las normas con cierta laxitud y blandura y las subordinan al respeto a los derechos fundamentales de participación política y de competencia electoral de los candidatos y los ciudadanos. Esta segunda corriente busca una salida justa, inteligente y democrática al choque existente entre lo jurídico y lo político. Es lo que han hecho el doctor Francisco Távara (presidente del JNE) y el doctor Carlos Cornejo. Si los Jurados Especiales de las diversas regiones siguen esta línea, Julio Guzmán y sus listas de candidatos al Congreso pueden continuar en la batalla electoral. Si siguen la línea de la mayoría del JNE, Guzmán queda gravemente herido, pero aún puede apelar a una última decisión del JNE o del TC, cuyas decisiones finales pueden declarar su vida o su muerte como candidato. Pero en esta batalla compleja no juegan solo las decisiones de las entidades electorales sino también la política que desplieguen Guzmán y sus partidarios.
