En el actual proceso que pretende impulsar la masificación del consumo de gas natural en Piura, existen quejas acerca de la manera en que se está implementando el proceso que tiene la iniciativa de la empresa colombiana Gases del Norte (controlada por Promigas) y que depende del Ministerio de Energía y Minas. Gases del Norte plantea suministrar entre 15 y 20 millones de pies cúbicos diarios de gas a la población de la Región Piura –cifra que no tiene oferta firme, según Petroperú (Carta a Osinergmin del 28/01/16)– y, además, poner 5 Estaciones de Servicio. Se considera irrisorio, además, el número de usuarios abastecidos. Pero lo más importante, económicamente hablando, es que si la empresa gana la concesión, se establecerán tarifas en el área de la concesión: todos tendrán que comprar a esas tarifas. En estos momentos, las tarifas propuestas por la empresa están siendo revisadas por Osinergmin para ver si corresponden a la realidad. Las quejas son muy grandes y van desde los consumidores que dicen que el gas va a costar 10 veces más que en Lima. Petroperú, de su lado, dice que adquiere el gas mediante contratos de suministro con los productores o comercializadores de la zona. Advierte que si la tarifa de Gases del Norte es superior al precio actual, se afectará la viabilidad económica de la Refinería de Talara, lo cual va en contra de la Ley 30130, de diciembre del 2013, que establece que es un proyecto de necesidad pública e interés de la Nación. Pero hay muchas cosas más que hemos analizado en nuestro reciente viaje a Piura y Talara. Una de ellas: se dice que los precios del gas en los campos de Talara es libre y no regulado, como el de Camisea, ya que cuando se licitó Camisea en 1999 ya se sabía que había allí enormes reservas que había dejado la Shell, un “regalo de Dios” al Estado peruano, que obtuvo esas reservas (por las cuales Shell invirtió US$ 500 millones de 1982 a 1988), sin pagar un solo centavo. Pues lo mismo sucede con todos los lotes petroleros de Talara, que se privatizaron “por pedacitos” durante el régimen fujimorista. Esos lotes petroleros, de propiedad de PETROPERU, tenían reservas probadas de petróleo y gas natural, que fueron traspasadas a diferentes empresas que poco lo nada sabían de petróleo, como Graña y Montero y Vera Gutiérrez, entre otros. En la venta de esos “negocios en marcha” no se tomó en cuenta que el otorgamiento de esas reservas debía darle al Estado –aparte de la regalía y el impuesto a la renta- la capacidad de masificar el consumo de gas a un precio regulado. De manera que, cuando se dice que en Piura los precios son “libres” hay que tomar en cuenta que en ese momento prevalecía la consigna: “a privatizar en el menor tiempo posible sin preguntar a qué precio porque el mundo se va acabar”. Y ya ven la factura que ahora nos quiere pasar el “libre mercado”. Un segundo tema tiene que ver con la oferta. Gases del Norte no tiene gas y afirma que se lo va a comprar al Lote 1 de GyM. Aquí comienzan los problemas pues Gases del Norte se está comprometiendo a vender gas por 20 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd), cantidad que actualmente no produce dicha empresa, pues está en 8 mmpcd, según Perupetro. Además, el contrato es de largo plazo (más de 20 años) y el de GyM para el Lote I vence en el 2021. ¿Entonces? Hay más. El contrato del Lote I con Perupetro es un contrato de servicios, en el cual Perupetro le paga a GyM una remuneración por el petróleo extraído y el petróleo pasa a ser propiedad de Perupetro. No hemos visto ningún documento acerca de la existencia de un contrato de re-venta de Perupetro a GyM. Si existe, Perupetro debe mostrarlo, porque ese petróleo le pertenece a la estatal, ya no a GyM. ¿Cómo podría entonces esta empresa comprometerse a vender algo que no es suyo? Todo este conjunto de parches y contraparches tiene un doble origen. De un lado, la privatización fragmentada en 1996 de los lotes de Petroperú a 8 o 9 postores, lo que rompió la unidad productiva de estos campos, que fueron puestos en marcha por la IPC (nacionalizada en 1968) y que, todos, absolutamente todos, están conectados por tubería con la Refinería de Talara que, justamente por eso, se construyó allí. De otro, porque no existe un Plan Energético de Mediano y Largo Plazo, aprobado por Decreto Supremo en el Consejo de Ministros. Si existiera, habría contemplado la acumulación de la producción de gas de los diferentes pequeños lotes para determinar las posibilidades de masificación del consumo de gas natural. No como ahora, que todo se hace a partir de la propuesta de una empresa como Gases del Norte, buscando obtener producción de gas con empresas que no son dueñas de la molécula. A lo que se agrega algo que no es menor: Promigas controla a través de Cálidda la distribución de gas en Lima y la distribución en el sur hasta Ica con CONTUGAS, así como la distribución en Trujillo, Chiclayo y Pacasmayo desde el 2014 con Gases del Pacífico. Y ahora viene Gases del Norte en Piura. ¿Hay riesgo de concentración empresarial? Claro que sí. ¿E Indecopi? Bien, gracias, seguro diciendo que nada puede hacer porque no hay ley que lo ordene ya que hay “libre mercado”. Para solucionar este problema debería intervenir la Contraloría, como lo ha solicitado la congresista Karla Schaefer. De su lado, Carlos Herrera Descalzi ha planteado que se llame a un nuevo concurso, pues el anterior fracasó (allí también participó Gases del Norte) y los congresistas Manuel Dammert y Verónika Mendoza (actual candidata del Frente Amplio) también han pedido una investigación a fondo. Esperemos que ésta se lleve a cabo, a la brevedad. Hay muchos gases raros en este asunto.
