La decisión de la Contraloría que le abre las puertas a todos los candidatos presidenciales en su foro sobre anticorrupción nos va a hacer extrañar el antiguo tripartidismo peruano. Si los casi 20 candidatos deciden acudir a dar sus opiniones, la reunión va para largo y habrá nacido un nuevo formato de debate electoral. La decisión parece equitativa. Falta saber si hay suficiente atención disponible para escuchar a candidatos sin reales posibilidades de llevar sus ideas a la práctica. Pero podría argumentarse que eso es hoy, y que la difusión de las ideas de los rezagados puede ayudarlos a mejorar sus posibilidades. Esto en cierto modo se vincula con el debate en torno de las opiniones de Ollanta Humala en medio de la campaña: neutralidad del Estado versus libertad de expresión. Es decir que si el Estado va a dar tribuna a candidatos, entonces se la tiene que dar a todos. ¿Este tipo de justicia, de difundirse, va a tener efectos electorales? En verdad no muchos. El espacio de la contienda no son los foros estatales sino los fondos publicitarios, el interés de los medios y el activismo de las agrupaciones. En ese mundo la equidad no tiene mucho lugar. Más bien el principio es sumarle ventajas de todo tipo a los mejor ubicados en la competencia. Quizás el Estado tiene que ser equitativo. Pero eso no significa que todos los candidatos sean iguales, y no nos referimos a su intención de voto. Hay candidaturas que representan mucho trabajo de muchas personas durante mucho tiempo, decenios incluso. Luego hay candidaturas forjadas en un golpe de suerte, o una movida de última hora. Frente a lo anterior está la idea que al figurar todos inscritos en el JNE, el sistema electoral debe darles a todos el mismo trato. Pero un sistema electoral son muchas cosas, y entre ellas está el derecho de los particulares a favorecer al candidato de sus simpatías. Es decir a producir desigualdad para obtener el resultado que se desea. Al seleccionar inicialmente a sus invitados con un criterio de relevancia estadística, la Contraloría se ubicó en una lógica privada, y ha tenido que rectificar. Ahora otros organismos públicos tendrán que optar entre patrocinar maratones oratorias o simplemente abstenerse. Lo más probable es que se produzca esto último. En toda esta situación hay elementos de una pérdida cívica, pues es evidente que entre los candidatos menores tiene que haber opiniones interesantes, incluso más interesantes que las de los candidatos punteros. Muchas nunca llegarán a las grandes mayorías, y esto empobrece la campaña como intercambio de ideas. Quizás los medios de prensa, que son los que cortan el jamón en estos temas, deberían leer menos encuestas y escuchar más a los candidatos rezagados.
