En el quinquenio del presidente Humala sobresale con nitidez lo avanzado en torno al problema de educación. Sería mezquino ignorar que las gestiones de los ministros Salas y Saavedra se han esforzado por conseguir metas importantes. Dentro de ellas podríamos mencionar la intención de encaminar la carrera magisterial hacia un sistema que reconozca los méritos del docente a través de concursos públicos que no han sufrido cuestionamiento. A ello ha de sumarse el intento serio de acercarse al tema de la educación superior a través de una ley que busca fomentar la calidad dentro de ella, hecho que supone el enfrentarse a aquellas pseudo-universidades que viven solo en función de la ganancia económica y supeditan la tarea formativa de sus estudiantes a las maneras más rápidas y fáciles de obtener riqueza para los “empresarios” de la educación. Tampoco podemos dejar de lado el acercamiento positivo al tema de los institutos, para que ellos puedan mejorar en su cobertura y calidad ni se debe olvidar el compromiso asumido para brindar en las escuelas una mejor instrucción en el terreno de las matemáticas y la comunicación. Sin embargo, se necesitan emprender aún más reformas para consolidar tanto los avances en este gobierno, como atender otras áreas en las que se requieren mejoras sustantivas. Un primer tema que debiera abordarse es el de llenar los vacíos existentes en la educación básica. Como lo indica un reciente documento del IEP, en las zonas rurales aún sigue siendo muy baja la tasa de asistencia para los niveles inicial y secundaria. Asimismo, aparece que existen diferencias regionales en el acceso a la educación y en los avances dentro de ella. A todo esto se suman las claras diferencias entre educación pública y privada, sin que esta última resulte ser, necesariamente, mejor a la formación que se brinda en entidades educativas estatales. Una segunda materia a tomar en cuenta es la llamada “política docente”: sin maestros con adecuadas remuneraciones, capacitados en sus competencias, con aliento para seguir creciendo, será imposible realizar cualquier cambio educativo sustancial. Hay pues que avanzar en el tema de la carrera pública magisterial y, por supuesto, realizar incrementos salariales que hagan justicia a los profesores. La tercera urgencia consistiría en consolidar la reforma de la educación superior. La SUNEDU no debe ser eliminada, como lo han sugerido recientemente dos candidatos presidenciales, sino más bien, se la debe fortalecer para que pueda regular adecuadamente a entidades que brindan un servicio público (sean públicas o privadas) en vistas de mejorar su calidad. En tal línea, tendría que avanzarse en la reforma de los Institutos Superiores –ramas específicas de la educación terciaria– estableciéndose la posibilidad de crear pasarelas pertinentes entre universidades e institutos. Finalmente, la educación peruana no puede hallarse ajena a su pasado reciente. Ya es hora en la que los candidatos se comprometan a implementar una política educativa vinculada a la memoria sobre el periodo de violencia que vivimos los peruanos entre 1980 y 2000. Eso no significa repetición memorística de fechas o acontecimientos, sino comprensión racional y ética sobre la necesidad de desterrar la violencia como método de transformación social, así como el repudiar las respuestas estatales que, en nombre de la defensa de la sociedad, no respeten los derechos humanos. Sin educación no llegaremos nunca a formar una comunidad de ciudadanos.
