La asamblea extraordinaria de la ONU del próximo mes de abril debería de ser la ocasión en la que se replanteen los enfoques que han fracasado contra la producción, tráfico y consumo de drogas ilícitas. Hoy en el mundo circulan mucho más drogas de cuando hace 40 años se declaró la “guerra contra las drogas” durante el gobierno de Nixon. El crimen organizado, a su vez, es hoy mucho más poderoso y sanguinario del que asomaba por esos años. El Perú, dentro de ello, no es la excepción. Por el contrario, es un caso preocupante de aumento en la producción y exportación de drogas ilícitas y de extensión y penetración del crimen organizado; a tal punto que la procuradora antidrogas, Sonia Medina, no descarta que sea un “narco Estado” lo que hoy tenemos en el Perú. Las experiencias son tan variadas como el número de países afectados pero todo conduce a tres conclusiones fundamentales. La primera el extraordinario dinamismo y versatilidad en las dinámicas de producción, comercio y uso de drogas, por lo que pese a los enormes recursos destinados a enfrentar el problema con medios penales, la dimensión del problema se hace más grande y más compleja. Lo que viene ocurriendo en los Estados Unidos es ilustrativo. De acuerdo al reciente informe anual de la DEA (Drug Enforcement Administration) sobre el 2015, las muertes por sobredosis por drogas en EE.UU. exceden a las de armas de fuego (más de 30,000 al año) y a las de accidentes automovilísticos. De las más de 120 personas que mueren en EE.UU. al día por sobredosis, la mayoría es por abuso de analgésicos opioides muchas veces accesibles por medios comerciales e, incluso, con receta médica. El abuso de estas drogas produce más muertes que la heroína y la cocaína sumadas y costos en el sistema de salud estadounidense por más de US$ 3 trillones anuales. Paralelamente, el sistema penitenciario federal colapsó. A tal punto que el 2014 el entonces fiscal general de los EE.UU., Eric Holder, tuvo que instruir a los fiscales del país de que se abstuvieran de enviar a las cárceles a vendedores al menudeo y consumidores. Gracias a esto el año pasado ha sido el primero en décadas en el que ha disminuido el número de reclusos. La segunda conclusión es que para países con mucho menos recursos –como el Perú–, el problema del narcotráfico ha significado el drenaje de millones en los últimos 30 años y la pérdida de muchas vidas sin que se pueda, tampoco, “cantar victoria”. Perú es el principal exportador de cocaína (en ajustada competencia con Colombia), tiene la mayor productividad de hoja de coca por hectárea en el mundo y sufre el acoso de un crimen organizado que a estas alturas parece incontenible e impune. Mientras, los programas de prevención y tratamiento a los adictos funcionan solo en el papel. O, en todo caso, solo en clínicas privadas para las personas o familias con mucho dinero para solventarlos. En paralelo, la ilusión de que llenando las cárceles con “paqueteros” se enfrentará el problema. La tercera conclusión es que hay experiencias interesantes e innovadoras en países que han decidido marchar contra la corriente y a enfatizar el aspecto de la salud para poder disminuir los daños y reducir el uso y abuso en el consumo de drogas. La experiencia de Portugal es, en este sentido, particularmente interesante desde que descriminalizó la posesión y uso de drogas hace 15 años. Las drogas seguían y siguen siendo ilegales, pero la respuesta del Estado empezó a darse a través de programas de tratamiento y multas, no cárceles y procesos penales. Contra los suspicaces que pronosticaban un aumento en el consumo de drogas, el resultado ha sido muy distinto. No solo disminuyó en algo el consumo sino que el contagio de HIV a través de agujas y jeringas disminuyó radicalmente. Luego de 15 años de esa nueva política en Portugal, las muertes por sobredosis de drogas son las segundas más bajas en toda la Unión Europea: 3 por cada millón de usuarios cuando el promedio europeo es de 17,3 muertos por millón (44 por millón en Gran Bretaña). ¿No hay algo que aprender?
