Juicio. La fiscalía denunció que se habría fraguado una junta de accionistas y documentos notariales para afectar los derechos de Aurelio Moreira Camino.,La propiedad de la casa Prado, en Miraflores, está en manos del Poder Judicial. La 2a Sala Penal Liquidadora, que integran los jueces Aldo Figueroa, Liliana Plascencia y Segismundo León Velasco, debe decidir si investiga o no la adquisición del predio por la empresa Playa Paz Soldán S.A. La subasta Construida en 1948 por Mariano Prado Heudebert, dicha casa fue el centro de la aristocracia limeña hasta que fue confiscada en el gobierno militar, en los años 70. Luego, fue sede de la Presidencia del Consejo de Ministros, hasta que el 2009 la Superintendencia de Bienes Nacionales la vendió en subasta pública. Aurelio Moreyra Prado, quien se encontraba en el extranjero, se interesó en la compra a través de su empresa Playa Paz Soldán, de la que era socio con el 99,9 % de las acciones, como consta en los correos electrónicos que dirigió a su asistente Sybella Durand. "Sybella, dígale al Sr. Hernando (López de la Romaña) que sí me interesa, yo podría poner US$ 3.000.000, el resto lo tendría que poner él", se puede leer en ellos. Además, según las pericias contables, Moreyra giró un cheque por US$ 355.000, equivalente al 6% del valor del inmueble, para participar en la subasta. Así, el 22 de octubre del 2009, la casa fue adjudicada a Playa Paz Soldán, que gira otro cheque por 532.000 dólares, para completar el 15% de garantía por la adquisición. Pero el 27 de febrero del 2010, falleció Aurelio Moreyra. Quedó como heredero su único hijo, Aurelio Moreyra Camino, menor de edad. Para entonces, la casa seguía en manos del Estado y no se había requerido la cancelación. Esto recién se produjo en marzo siguiente. La junta En marzo del 2010, la madre del único heredero, Sandra Camino Dentome, recibió una carta notarial en la que le informan de un acta de junta de accionistas, del 2 de octubre del 2009, en la que se procedió a aumentar el capital social de Playa Paz Soldán. De acuerdo con esa junta, Bruno Olcese Chepote, en representación de Aurelio Moreyra, aceptó reducir su participación en la empresa de 99,99 % a solo 33,33%. Los nuevos accionistas eran Fondo Popular y los hermanos Alonso y Hernando López de Romaña, que pasaban a ser los principales compradores de la casa Prado. El litigio Camino Dentone impugnó la validez de la referida junta a los juzgados civiles, logrando que el gerente de Playa Paz Soldán, Andrés Liza, reconociera que esa junta no existió. El juicio no avanzó. Los jueces dijeron que el caso debía verse vía arbitraje. Los arbitros tampoco resolvieron, pues concluyeron que el plazo para ir al arbitraje había caducado. La madre del heredero recurrió a la fiscalía. La fiscal Fara Cubillas determinó, con diversos peritajes, que la junta de octubre del 2009 no existió y que se fraguaron documentos notariales para sorprender a Registros Públicos, el 2011 y 2014, y despojar de sus derechos a Prado Camino. Sin embargo, el 55º Juzgado se niega a investigar. Aduce que el asunto ya se vio en la vía civil y arbitral y que ya no puede intervenir. La defensa de Moreyra y la Procuraduría de Registros Públicos apelaron y ahora decidirá la Sala Penal Liquidadora. ❧ GABRIEL RAMOS
