Los procuradores y su deber de diligencia y veracidad.,La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF) ha señalado que la información que pretendía que el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, (PPK) habría recibido transferencias ilícitas a través de la empresa offshore Latin American Enterprise Fund es falsa. La UIF ha anotado que esta versión es el resultado de la mezcla confusionista de informaciones de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), de la UIF y de un supuesto informe del Banco de Crédito del Perú, en este último caso cuya validez falta corroborar.Este caso podría haber pasado solo como un rumor si a partir de esta información la procuradora ad hoc del caso Lava Jato Katherine Ampuero no hubiese solicitado al Fiscal de la Nación que abra una investigación preliminar al Jefe del Estado por supuestas operaciones sospechosas. El sustento de este pedido no fueron hallazgos de la procuraduría sino el reportaje de un medio televisivo de EEUU que se hizo eco del armado confuso.Esta ligereza no solo abona a la falta de transparencia de la procuraduría sino también a su déficit de solvencia en un contexto en que se requiere de profesionalismo y veracidad, dos condiciones que impida la impunidad y los palos de ciego en el juzgamiento de los graves casos de corrupción.Esta acusación sin señas mínimas ha develado una crisis en el Ministerio de Justicia (MINJUS), sector al que está adscrito el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, haciéndose públicas la falta de rigor de sus integrantes, la filtración de datos y la toma de decisiones apresuradas que no han logrado ser desmentidas con una activa presencia de los procuradores en los medios de comunicación.Este desorden y precariedad hechos notar por voceros del Gobierno han sido respondidos por los procuradores con el argumento de que son funcionarios del Estado y no del Gobierno, una verdad de Perogrullo que no debe impedir a ningún servidor público observar el deber de diligencia.Las idas y venidas e incongruencias están a la orden del día. Por ejemplo, la denuncia el pasado 1° de marzo contra el ex presidente Alan García por el presunto delito contra la administración pública en el caso de los contratos de la Línea 1 del Metro de Lima, en los tramos 1 y 2, demuestra que la exculpación ensayada por la jefa de los procuradores días antes fue prematura. Algo similar sucede con los activos y la reparación a cargo de las empresas investigadas por corrupción. Mientras se cuestiona la nueva venta de los activos de Odebrecht, otras empresas igualmente investigadas se han desprendido en las últimas semanas de importantes activos sin que la procuraduría intente impedirlo.Más comprometedor es el caso de los acuerdos para el pago de la reparación civil, en el que es muy evidente que la procuradora Ampuero se niega siquiera a escuchar las propuestas de Odebrecht retrasando el cierre de los acuerdos de colaboración eficaz con la empresa y sus directivos. Como se sabe, en los procesos de colaboración eficaz en el Perú la procuraduría debe señalar y acordar con el colaborador el monto de la reparación civil.
