Con las APP se procede a debilitar a las empresas del Estado y, además, antes de iniciar la ejecución de los proyectos ya hay adendas a los contratos, advierten economistas Germán Alarco y Humberto Campodónico.,Desde hace 25 años se inició en el Perú un nuevo sistema de promoción de la inversión, las Asociaciones Público Privadas (APP). Sin embargo, diversos expertos consideran que es necesario realizar cambios normativos para que los proyectos beneficien a la población. PUEDES VER: Nuevo Perú plantea cambios en inversión público-privada El economista Humberto Campodónico explicó que en una APP es el privado el que pone el dinero para la construcción de una obra de infraestructura, y el pago se le hace después, más una tasa de interés definida en el contrato, lo que determina el tiempo por el que el privado administrará la obra. "Por ejemplo, en el caso del aeropuerto de Chinchero, la inversión es de US$ 265 millones con una tasa de interés de 9,5%", precisó el economista. Por eso Campodónico se muestra a favor de una modificatoria en la normativa, toda vez que las APP se vienen diseñando y estructurando sin los estándares de calidad y precisiones para asegurar que la inversión sea la mejor alternativa en función del beneficio público. Citó a José Luis Guash, quien señala que el Aeropuerto de Chinchero ilustra una de las estrategias que usan las empresas, lanzando propuestas temerarias, para luego lograr beneficios y rentas a través de adendas. En ese sentido, el docente de la Universidad del Pacífico, Germán Alarco, señala que actualmente las APP se rigen bajo el Decreto Legislativo 1251, emitido en noviembre del 2016. Según Alarco, en este Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada solo se promueve la inversión privada para dinamizar la economía nacional, generación de empleo productivo y competitividad. Pero no se tiene en cuenta los encadenamientos productivos, ni el mayor procesamiento y contenido tecnológico o el mejoramiento de las capacidades internas. Para el docente de la UP, las APP tienen problemas de partida que requieren que haya un cambio normativo. Indicó que con las APP se debilitan a las empresas del Estado. Por ejemplo, las concesiones de agua y desagüe en Lima están a cargo del Ministerio de Vivienda y desarticuladas de Sedapal. Además, tal como está la normativa actual, se abre la puerta para que antes de iniciar la ejecución de los proyectos ya haya adendas a los contratos, tal como suce-de con la Línea 2 del Metro de Lima. Y se promueven proyectos de vialidades urbanas insólitas como la vía Javier Prado, Primavera, o la vía urbana de Puente Piedra sin la existencia de alternativas libres de pago. Hay que indicar que bajo el concepto de las APP se han adjudicado 65 proyectos en el país (31 del sector energía y 16 de transportes) entre enero del 2008 y diciembre del 2015, con un monto total de inversión de US$ 29.800 millones, según Proinversión. De este total el 65,5% corresponden a APP autofinanciadas y 34,5% a APP cofinanciadas (una parte del dinero es del Estado y otra del privado). De acuerdo a las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es que en los próximos años el costo de las APP aumentaría de 8% del PBI a 25% del PBI, es decir, de US$ 700 millones a US$ 2.500 millones anuales.
