Mina Cobriza se vendería en unos US$ 20 millones y el Complejo Metalúrgico de La Oroya sería cerrado. El liquidador Dirige en el ojo de la tormenta., A pocos días de conocer el desenlace de la subasta de Doe Run Perú (DRP), existen dos posibilidades latentes. Pero la que coge más fuerza es la liquidación ordinaria, sobre todo porque es la recomendación hecha por Dirige en las últimas reuniones con los acreedores de la empresa. PUEDES VER: MTC inspecciona obras en el Terminal Norte del Callao Como se recuerda, DRP es administrada desde hace cuatro años por sucesivas juntas de acreedores que hasta la fecha no han logrado concitar el interés del inversionista privado por los dos principales activos que tiene DRP: el Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) y la mina Cobriza. Sin embargo, es el actual liquidador, Dirige, contratado en noviembre y cuyo contrato culmina el 28 de febrero próximo, fecha en que culmina la liquidación en marcha luego del plazo de seis meses que se logró gracias a la modificación de la Ley Concursal en el 2015, quien se encargaría de darle la estocada mortal a la empresa, desencadenando con ello un conflicto social inminente, según denuncian los sindicatos laborales de DRP. Como recuerda Luis Castillo, representante de los acreedores laborales, a Dirige se le encomendó reactivar el CMLO en los circuitos de plomo y zinc, así como tener trabajando la mina de Cobriza. "No ha cumplido ninguno de esos aspectos habiendo cobrado por adelantado US$ 70 mensuales. Han tenido papel desastroso", aseveró. Sin embargo, el agravante, que hizo que desde el sábado se iniciara una huelga indefinida en La Oroya tomada por los trabajadores y la población en general, fue un informe de Dirige a la junta de acreedores encabezada por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), en donde se recomienda ir a una liquidación simple. Este hecho originaría dos temas: el primero, que los activos se vendan por separado y, como denuncia Amid Yangali, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Unidad Minera de Cobriza, se malbaraten, pues Cobriza se vendería a unos US$ 20 millones y el CMLO simplemente sería cerrado. El otro hecho, el cual sería de corte laboral y social, es que con la liquidación de DRP los 2.400 trabajadores del CMLO y Cobriza serían cesados colectivamente. Se estima que esto involucraría a unas 60 mil familias, ya que La Oroya vive casi exclusivamente de la actividad de Doe Run y todos los negocios que se generas alrededor de la metalúrgica. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) considera que el futuro de DRP está en su reubicación en la costa, lo cual ha sido opuesto al pensamiento del Ministerio de Energía y Minas (MEM), el cual afirma que este problema debe ser tratado en todas sus aristas, entre ellas la social. Como una solución, los trabajadores proponen que les sean adjudicados los activos de DRP para ser administrados ante la poca voluntad política del gobierno de sacar delante este tema. Se desconoce posición de Doe Run Cayman, pero será decisiva Actualmente, los principales acreedores de DRP son el gobierno, vía el MEM, con 30,1% y la Sunat con 10,4%. Les siguen Doe Run Cayman con 28,7% y los acreedores laborales con el 7,1%. En ese sentido, los trabajadores indicaron que un hecho que preocupa es que hasta la fecha se desconoce cuál será la posición de Doe Run Cayman, pues como se evidencia tendrá un peso importante en la decisión sobre el futuro de DRP. El MEM convocó para los días 23 y 26 de febrero a junta de acreedores, con una agenda que consiste en informe de la administración, ratificación o designación de liquidador y lo más importante: aprobación y suscripción de convenio de liquidación. La clave En las últimas horas se conoció que, la próxima semana, la junta de acreedores se reuniría con dos empresas interesadas, entre ellas se vocea la norteamericana Cove House y otra de capitales australianos; ambas llegarán a exponer qué ofrecen por Doe Run Perú.
