Alerta. Comuneros exigen proteger las 42 mil hectáreas intangibles de ecosistema de red criminal dedicada al tráfico de terrenos, la misma que ha amenazado de muerte al presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, y su familia. PNP ya le brinda pide garantías. ,Carlos Vásquez Romero Chiclayo La convulsión en la reserva ecológica de Chaparrí, en Lambayeque, continúa. El último sábado el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo, reveló que había recibido amenazas de muerte por impulsar las investigaciones a traficantes de tierras en el citado ecosistema. Ayer los comuneros del sector indicaron que no reconocerán el informe técnico que emita el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) sobre la delimitación de la zona intangible en el ecosistema natural. De esta manera el conflicto social toma fuerza y llega a altas instancias del Gobierno central. Sobre el primer caso, la Dirección Nacional de Gobierno Interior (DNGI), a través de la Resolución Directoral 0251-2018, ordenó brindarle garantías personales al titular del Poder Judicial, así como a su hermano Valdemar Rodríguez y su cuñada Dargli Montenegro. PUEDES VER Traficantes están detrás de amenazas y muerte en Chaparrí El jefe de la División Policial de Lambayeque, coronel PNP Luis Farfán Silva, anunció que personal de la comisaría César Llatas Castro realiza patrullaje permanente en las viviendas de Duberlí Rodríguez y hermano. “Quedó ameritada la existencia de amenazas, por eso un grupo de efectivos policiales está brindando seguridad las 24 horas a las viviendas de los agraviados. Él (Duberlí Rodríguez) y sus familiares deben confiar en el trabajo de inteligencia que está ejecutando la Policía”, dijo. Farfán Silva manifestó que “están preparados para enfrentar cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de los familiares del presidente del Poder Judicial”. Asegura que “el conflicto en Chaparrí está siendo controlado, pero la situación mejorará cuando se identifique a los responsables de los daños”. LÍMITES CONFLICTIVOS El titular de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Lambayeque, José Tejada Ramos, afirma que Serfor conformó una comisión para delimitar la zona intangible que le pertenece a Chaparrí. Este documento servirá para determinar el delito que habrían cometido las 12 personas que están siendo investigadas “Serfor definirá los límites de la zona intangible para determinar la gravedad de los hechos. Esto puede generar controversia porque existen evidencias del incendio y la tala que sufrió Chaparrí, pero puede ser que los investigados hayan actuado en un espacio ajeno a la reserva”, explicó. Por el lado de los integrantes de la comunidad Santa Catalina Muchick, el comunero Juan de Dios Carrasco sostiene que no respaldarán dicho informe técnico debido a que será firmado por la directiva que lideran Lázaro Rodas Morales y Marco Antonio Díaz Castillo. “La actual junta directiva nunca convocó a elecciones pese a haber concluido su mandato en noviembre del 2017. Ellos no respetaron la Ley de Comunidades Campesinas ni la de Áreas Protegidas. Por eso los comuneros calificados no podemos respaldar un documento técnico que ponga en riesgo la transparencia de las 42 mil hectáreas de Chaparrí”, expresa. En esa línea, Carrasco advierte que el padrón de comuneros calificados creció bajo la supervisión de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp). RESPONSABLES La congresista María Elena Foronda responsabilizó a la ministra del Ambiente, Elsa Galarza, por la desprotección que vive la reserva de Chaparrí y afirmó que el gobernador de Lambayeque, Humberto Acuña, no tiene preocupación por intervenir en el conflicto debido a la ejecución del proyecto de la represa La Montería. “La ministra (Galarza) es incapaz porque el área natural pertenece al Estado. Ella siempre argumentó que Chaparrí es un área privada, donde la destrucción y el crimen eran competencia de otras instituciones. Además, es lamentable que el gobernador Acuña no tome acciones frente a la problemática, pues su liderazgo se diluyó por intereses en grandes proyectos”, indicó. Foronda explicó que una alternativa de solución sería declarar a Chaparrí como área natural protegida del Estado con el fin de garantizar la conservación de la flora, la fauna y las comunidades. Confirmada las denuncias contra Duberlí Rodríguez, Foronda aguarda que el Ministerio del Interior identifique a quienes conforman esta red criminal de tráfico de terrenos, y de esta manera poder acusar a los responsables del asesinato del defensor de la reserva, Napoleón Tarrillo Astonitas. Para Rolando Luque Mogrovejo, consultor en conflictos ambientales, si bien es cierto Chaparrí es un área de conservación privada, es deber del Ejecutivo salvaguardar la integridad de las áreas naturales que están en territorio peruano. “Hay una responsabilidad compartida porque el tráfico de terrenos es un tema latente que mueve grandes intereses económicos. Es un caso que afecta a comunidades campesinas cuya organización política-privada merece una atención constante del Ejecutivo”, puntualiza. Luque añadió que la convulsión en la reserva de Chaparrí se debe a la desatención del Ministerio del Ambiente, así como a la desprotección de las autoridades regionales a las comunidades campesinas.
