Por José Távara Profesor de la Universidad Católica Los economistas clásicos postularon que existía una tendencia a la igualación de las tasas de ganancia entre las distintas actividades económicas, como resultado del libre flujo de capitales desde las menos rentables hacia las más rentables. El sistema privado de pensiones parece contradecir este postulado, pues hace años que las AFP obtienen ganancias muy superiores a las observadas en otras actividades, sin que esto provoque el ingreso de nuevos capitales al negocio. Se estima que la escala mínima eficiente para operar una AFP, considerando solo la producción del servicio –es decir, incluyendo la administración de las cuentas individuales y la gestión financiera de los fondos, pero excluyendo los gastos de ventas– es de 150 mil “afiliados cotizantes”. Dado que en el Perú hay 1.7 millones de afiliados que cotizan, una simple división revela que podrían existir 11 AFP. ¿Cómo se explica que solo existan 4 y que sus ganancias sigan siendo elevadas? El marco legal otorga libertad a las AFP para decidir el nivel de las comisiones que cobran a los trabajadores, quienes también son libres de elegir su AFP. Se asume que esto es suficiente para garantizar la competencia, y comisiones ajustadas a costos. La realidad, sin embargo, es que el Perú registra las comisiones más altas de la región. Los trabajadores evitan los costos de informarse, pues la elección de AFP es un ejercicio complejo, con muchas variables de evolución incierta. Además, las consecuencias de la elección recién se perciben en el mediano plazo, cuando el afiliado se jubila. Bajo estas condiciones, la libertad formal de elegir no genera competencia. Diversos estudios revelan que los afiliados son poco sensibles no solo al nivel de las comisiones sino también a la rentabilidad de sus fondos, y que su elección responde a la magnitud de los “gastos de ventas” de las AFP. Estos gastos llegaron a US$ 340 millones anuales, en promedio, entre el 2000 y el 2008, pero aumentaron notablemente desde el 2006, superando los US$ 600 millones. Además del elevado presupuesto en publicidad, algunas AFP entregan becas a periodistas y financian sus viajes al extranjero, buscando una cobertura favorable a sus intereses. Otro componente clave de estos gastos son las actividades de lobbie o cabildeo que las AFP llevan a cabo en espacios clave de decisión. Los gastos de ventas tienen entonces una doble función. Por un lado elevan artificialmente la escala mínima de operaciones, generando barreras al ingreso de nuevas AFP. Por el otro les permiten establecer una relación privilegiada con los medios de comunicación, promover activamente sus intereses y defender el status quo frente a los poderes del Estado. Richard Posner postulaba en 1975 que este tipo de gastos, dirigidos a capturar o retener la renta monopólica, son socialmente improductivos y representan una pérdida de eficiencia y bienestar social. Para enfrentar este problema es urgente una reforma en la regulación del sistema. A corto plazo las autoridades podrían fijar un tope a las comisiones ajustado a costos, omitiendo los elevados gastos de ventas. También pueden adoptarse mecanismos de licitación del servicio, como se viene haciendo en Chile. Es un error asumir que cada afiliado prefiere elegir individualmente su AFP, cuando el Estado tiene la capacidad de organizar un servicio especializado que facilite la elección y las decisiones colectivas. En términos más generales, es preciso fortalecer la institucionalidad de nuestros sistemas previsionales. Aún no existe una institución pública con el mandato de formular y coordinar la implementación de una política integrada y coherente de pensiones, que reduzca la pobreza de los jubilados y sus familias. Este artículo también lo puede leer en http://aeperu.blogspot.com
