CGTP denuncia intento del Ejecutivo de derogar decreto que limita la tercerización laboral

A pesar de la existencia de un proceso judicial en curso, el Poder Ejecutivo y el Indecopi incluyeron al Decreto Supremo n° 001-2022-TR en el listado de leyes propuestas para su derogación. Esta medida, que forma parte del denominado "shock desregulatorio", constituye una vulneración al principio de separación de poderes y una interferencia en las competencias del Poder Judicial, advirtió la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).

A través de un pronunciamiento institucional, cuestionaron el desconocimiento de los compromisos asumidos por el Ministerio de Trabajo que lidera Daniel Maurate ante las organizaciones sindicales, puesto que habían dado su palabra de excluir esta norma que limita la tercerización laboral en el núcleo del negocio.

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"La falta de cumplimiento de estos acuerdos genera confusión en los actores laborales y debilita la posición procesal de las organizaciones sindicales, afectando seriamente la transparencia y el respeto al debido proceso", enfatizaron.

Según recordaron, el referido Decreto Supremo fue promulgado en febrero del 2022 con el propósito de frenar los abusos empresariales en el uso de la tercerización, mecanismo que durante años ha sido utilizado para precarizar el empleo, debilitar a los sindicatos y evadir las obligaciones laborales que tienen los empleadores.

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Ante esta situación, la norma establece límites específicos, prohibiendo la subcontratación en las actividades nucleares de las empresas, lo que busca resguardar la estabilidad laboral, la negociación colectiva y los derechos fundamentales de los trabajadores. Según Gustavo Minaya, secretario general adjunto de la CGTP, desde hace algunos años, los empresarios buscan derogar este Decreto Supremo y han presentado una serie de demandas administrativas ante Indecopi.

"Los empresarios pusieron como condición para permanecer en el Consejo Nacional de Trabajo en el 2022 que se derogue el DS. A raíz de esto, han presentado demandas ante Indecopi y otros 514 recursos ante el Poder Judicial. En este momento, hay un reglamento que ha distorsionado la ley desde el 2006, en el que señalan que la tercerización puede hacerse a todo nivel de la empresa. Recordemos que, el gobierno peruano ha sido calificado en el año 2023 como infractor del convenio 87 de la OIT", apuntó.

Considerando todos estos elementos, la CGTP emplazó al gobierno de Dina Boluarte a rectificar la información oficial y a respetar el proceso pendiente de resolución por la Corte Suprema. Finalmente, hicieron un llamado a la clase trabajadora y a la ciudadanía a mantenerse alertas y movilizados frente a cualquier intento de desmantelar derechos laborales conquistados con años de lucha.

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Shock desregulatorio continúa

Luego de 60 años de vigencia, el gobierno oficializó el último sábado 14 de junio la derogatoria del Decreto Supremo N° 009-65 que obligaba a las empresas privadas a incorporar a una asistencia social diplomada dentro de sus servicios de relaciones industriales. La norma fue eliminada como parte de la estrategia del Ejecutivo para reducir la burocracia, ya que limita la inversión privada y la actividad económica.

Para este propósito, se asignó al Indecopi la tarea de continuar con la supresión de procedimientos administrativos que son considerados como "barreras". En mayo de este año, publicaron un primer listado de disposiciones, emitidas por diversas entidades del Estado, que afectan trámites en sectores como salud, educación, transporte y administración pública.

En total, son 308 barreras burocráticas que identificó Indecopi, entre las que se encuentra el Decreto Supremo n° 001-2022-TR. Según la resolución de la institución, las instituciones del gobierno nacional involucradas tienen un plazo de 30 días calendario para modificar o derogar las normas señaladas, plazo que ya culmina a mediados de junio.

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Como se recuerda, este tipo de iniciativas fueron anunciadas por el ministro José Salardi como parte del "shock desregulatorio", un paquete de 402 medidas para facilitar las inversiones en nuestro país y dinamizar la economía que se ha desacelerado durante abril. No obstante, el actual titular del MEF informó que se ampliaron a 510 las disposiciones, cuyo impacto económico sería de S/11.000 millones en 2025.

Hasta el momento, el 47% de estas medidas ya han sido implementadas, con 240 iniciativas en marcha. Incluso, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, informó al Congreso de la República, que se acelerará la implementación de este schock, y que Indecopi seguriá trabajando para eliminar 5.050 barreras burocráticas