Doce estados de EE.UU. demandan a Trump por aranceles: cuestionan uso de ley de emergencia económica y lo llevan a la Corte Suprema

Washington D.C. – La batalla legal por los aranceles impuestos por Donald Trump durante su presidencia ha llegado a un punto decisivo. Un grupo de doce estados de EE.UU. ha demandado al presidente ante el Tribunal de Comercio Internacional con el objetivo de anular las tarifas impuestas el pasado 2 de abril, día que Trump bautizó como el “Día de la Liberación Económica”.

Los demandantes consideran que estas medidas se aplicaron ilegalmente al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), sin que existieran las condiciones que esta ley exige.

Los estados involucrados en la demanda son Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Nueva York, Oregón y Vermont. Todos ellos alegan que las tarifas —de hasta un 50% a productos provenientes de países con los que EE.UU. mantiene un déficit comercial elevado— han perjudicado gravemente a sus economías, afectando sectores clave como manufactura, agricultura, tecnología e importación de bienes esenciales.

“La IEEPA no fue diseñada para políticas comerciales agresivas ni para castigar a países por competir. Fue creada para responder a amenazas extraordinarias a la seguridad nacional. Y en este caso, esas amenazas simplemente no existían”, explica el analista internacional Francesco Tucci, en entrevista con La República.

¿Qué es la IEEPA y por qué está en el centro del conflicto?

Promulgada en 1977, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional otorga al presidente de EE.UU. la capacidad de tomar medidas económicas excepcionales en caso de enfrentar una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional. Es una herramienta legal poderosa, pensada originalmente para situaciones geopolíticas críticas —como embargos a países enemigos, sanciones a actores terroristas o represalias ante ciberataques extranjeros—, no para regular déficits comerciales.

Según Tucci, Trump tergiversó el propósito original de la ley al utilizarla para justificar una guerra arancelaria, especialmente contra China, Canadá, México y otros socios comerciales, argumentando que estaban “abusando” de EE.UU. en materia de comercio exterior.

“Trump dijo que la competencia desleal era una amenaza a la seguridad nacional, pero no había voluntad hostil. La ley exige algo mucho más concreto. Es una interpretación extremadamente forzada, y los estados lo saben”, subraya Tucci.

El caso llegará a la Corte Suprema: ¿tiene ventaja Trump?

Los demandantes no solo exigen la anulación de los aranceles, sino que también buscan establecer un precedente legal que limite el poder presidencial en materia de comercio. En los próximos meses, se espera que el caso llegue a la Corte Suprema de los Estados Unidos, cuya composición actual plantea un escenario político complejo.

Ahora bien, la Corte está integrada por nueve jueces, seis de ellos de tendencia conservadora, y tres fueron nombrados por el propio Trump. En teoría, esto podría representar una ventaja para el expresidente. Sin embargo, Tucci recuerda que en el sistema judicial estadounidense no existe un "mandato imperativo", lo que significa que los jueces son independientes, a pesar de haber sido designados por el presidente con la aprobación del Senado. Además, ocupan el cargo de por vida, lo que refuerza su autonomía frente a intereses políticos.

“Aunque fueron designados por él, los jueces actúan de manera independiente. La Corte puede fallar en contra de Trump si considera que la IEEPA fue aplicada indebidamente”, aclara el experto.

Tucci también destaca que esta decisión será una prueba crucial para la institucionalidad estadounidense: “Si la Corte Suprema determina que no existía una amenaza real, entonces la piedra angular del proteccionismo trumpista puede venirse abajo”.

División en el Partido Republicano y presión empresarial

Más allá del plano judicial, el caso ha generado fracturas dentro del Partido Republicano. Aunque Trump mantiene una base sólida entre sus votantes y muchos legisladores, hay senadores y representantes que ven con preocupación los efectos económicos de las tarifas, en particular sobre las pequeñas y medianas empresas de sus estados.

“Ya hubo malestar durante las negociaciones con China. Algunos republicanos cuestionaron abiertamente el impacto negativo de los aranceles”, recuerda Tucci.

Este descontento se ha intensificado por el aumento de precios en bienes de consumo, que grandes cadenas como Walmart han atribuido directamente a los aranceles. Además, los economistas alertan que estas políticas han contribuido al aumento del déficit fiscal y de la inflación, en un contexto de elevada deuda nacional.

¿Qué está en juego?

Si la Corte Suprema acepta revisar el caso —y eventualmente declara inconstitucional el uso de la IEEPA en este contexto—, ello no solo significaría el fin de los aranceles, sino también un golpe directo a la doctrina económica de Trump, cuya nueva candidatura para 2024 gira en torno a la promesa de “recuperar el poder económico de EE.UU.” frente a sus rivales globales.

“Este es otro Trump, más estructurado, menos improvisado que en su primer mandato. Pero si pierde esta batalla, pierde una de sus principales herramientas de negociación comercial”, explica Tucci.

El fallo también podría redefinir los límites del poder ejecutivo en política económica, en un momento donde el debate sobre el uso de decretos, poderes de emergencia y órdenes ejecutivas está en el centro del debate político estadounidense.

¿Qué viene ahora?

El tribunal de comercio en Nueva York evaluará en las próximas semanas si la demanda tiene mérito suficiente para ser elevada. De hacerlo, la Corte Suprema podría aceptar el caso a partir del próximo semestre. Mientras tanto, los estados demandantes piden una suspensión temporal de los aranceles, alegando perjuicios económicos urgentes.

“Si el fallo le es adverso a Trump, podría cambiar el curso de su campaña y de la política comercial de EE.UU. en general. El impacto va mucho más allá del debate jurídico”, concluye Tucci.