MTPE reglamenta la Ley del Certificado Único Laboral, ¿qué beneficios trae?

Mediante decreto supremo 014-2023-TR, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) publicó finalmente el Reglamento de la Ley 31760, del Certificado Único Laboral, que se encontraba ausente desde la promulgación del dispositivo en junio pasado.

El abogado laboralista Jorge Toyama explica que el Certificado Único Laboral (CUL) servirá para que empleadores puedan acceder a la información de los postulantes respecto a sus antecentes judiciales y penales, además de su experiencia laboral previa e, incluso, el lugar donde cursaron estudios.

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"Complementa lo que ya teníamos con temas educativos y antecedentes laborales al 100%. Será un solo trámite gratuito para que cualquier ciudadano pueda acceder a la información, y permitirá a las empresas ahorrarse los trámites. Incluso, puede incluirse el certificado de discapacidad", sostiene.

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Lamentablemente, no existe en la redacción del decreto una fecha concreta para la implementación del CUL. De cualquier manera, el abogado laboralista explica que hoy en día ya se puede acceder a una base de antecedentes penales y judiciales solo con DNI en el portal del MTPE.

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"Esta es otra razón para portarse bien, lo que hay que pedirle a las empresas que confíen en el nuevo sistema. Lo que nos faltaba era una norma como esta para que las entidades públicas, juntas, puedan trabajar. Esto es una maravilla", relata Toyama.

"Aquí, los únicos que pierden, son los tramitadores y los de Azángaro -lugar donde se emitían certificados bamba-, que se quedaron sin chamba", agrega.

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Por otra parte, el especialista cuestiona que el CUL solo considere los antecedentes penales con sentencia final, más no los que están en proceso. Muchas veces, las empresas buscan no contratar trabajadores incursos en juicios, lo cual podría derivar en un nuevo mercado negro de la información.

"En la práctica, para muchos empleadores no es suficiente, pues quieren conocer los juicios en proceso. Hay empresas que ofrecen este tipo de servicios, para saber si los postulantes están o no enjuiciados. Pedir ese dato genera multa para los empleadores, a menos que el postulante acepte", advierte.