Christian Sánchez: “Se insiste en reducir los derechos (laborales) y el Gobierno coincide con eso”

En las últimas gestiones del Ministerio de Trabajo no se ha percibido un cambio sustancial en las políticas laborales, y en un escenario de estancamiento económico, urgen decisiones que reviertan este panorama. Christian Sánchez cuestiona el modelo actual y exige al Gobierno de Dina Boluarte acciones concretas para salir del fango.

-Pasó la pandemia y los indicadores reflejan que el empleo adecuado no se recupera a ese nivel. ¿Qué nos limita?

-Se siguen arrastrando y agudizando los problemas que la pandemia ha ido amplificando. Ya desde la reforma laboral de los años noventa queda constatado en cifras oficiales que hay un déficit en la generación de trabajo decente. Estas políticas económicas de los noventa no crearon más puestos de trabajo decente en relación con derechos y se han ido adoptando de flexibilización.

-¿Algunos ejemplos?

-La reforma laboral introdujo nueve tipos contractuales de trabajo a plazo fijo, sumado a una modalidad precaria y también otro a tiempo parcial, con menos derechos y sin estabilidad. Se añaden problemas de seguridad social y salud, al ser deficientes por carecer hasta la fecha de un sistema de protección universal y por la ausencia de una reforma del sistema de pensiones. La (propuesta) del Ejecutivo tiene bastantes deficiencias y no va a solucionar los problemas, ya que el público compite en desventaja contra el sistema privado (AFP), cuando se pudo transitar a un sistema complementario de pisos de protección articulados.

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-¿Qué otras falencias arrastramos?

-Predominan los actos antisindicales y tenemos una tasa de afiliación sindical de apenas 5% en el sector privado. La nueva ley procesal del trabajo no ha ido acompañada del presupuesto suficiente. En justicia laboral no hay un sistema de peritos. Tenemos una tasa del 50% de trabajo salarial informal, a pesar de que existen regímenes con menores derechos. El problema es que hay un discurso de sesgo economicista. Las razones económicas serán importantes en el debate sobre el mercado de trabajo, pero no son las únicas razones. También están las políticas y jurídicas.

-Respondería todo a la falta de voluntad del Ejecutivo y Legislativo...

-Han salido varias voces a hablar de una reforma, pero una acentuando los problemas que causa el mercado de trabajo de la reforma de los noventa. Quieren más flexibilidad, ¿y qué entienden por flexibilidad?, reducción de costos laborales, ¿y por menos costos laborales?, menos derechos (...) No se pretende discutir, se insiste en reducir los derechos y creo que el Gobierno coincide con esa postura. Sería bueno escuchar qué piensa el ministro de Trabajo. Creo que en la PCM no tienen ninguna idea para afrontar este problema.

-¿A dónde debe apuntar la nueva reforma laboral?

-Los regímenes diferenciados se sustentan en razones objetivas cuando la naturaleza de la actividad lo requiere. Ejemplo: el trabajo agrícola, allí donde hay actividad agrícola estacional o temporal, hay que introducir un tratamiento diferenciado. Pero en el resto de sectores, pretender diferencias en el tratamiento jurídico de las microempresas, estableciendo menores derechos, no ha permitido formalizar. No se ataca la raíz del problema de la microempresa, que es la escasa o nula productividad. Se deben tener políticas menos lesivas en materia de derechos y dar más acceso a financiamiento, encadenamientos con sectores más modernos de la economía y acceso a nuevas tecnologías y continua capacitación. Hay un problema jurídico y valorativo que no se percibe ni debate.

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-¿Cree que el rubro empresarial limita políticas que mejoran el vínculo laboral considerando lo que pasó con la tercerización?

-No generalizaría. No creo que todos los empleadores estén pensando en debilitar la libertad sindical, así como no creo que todos los trabajadores vean a los empresarios como potenciales enemigos. No todo es conflicto, también hay un espacio amplio para la colaboración en el trabajo, para la generación común, con objetivos comunes de riqueza para todos. Un ejemplo de relaciones armoniosas y duradera con alta productividad y mejores salarios y beneficios es construcción civil: la federación y Capeco son sujetos colectivos que se respetan mutuamente. ¿Por qué no replicarlo en otras áreas como agroindustria, minería o pesca?

-El aumento del sueldo mínimo prometido por la presidenta no se concretará.

-Simplemente, no lo quieren hacer. Cuando las cosas están bien, hay que esperar. Cuando las cosas están mal, hay que esperar. La Constitución habla de que las remuneraciones mínimas se fijan de manera tripartita entre Estado, trabajadores y empleadores. Debería haber un mecanismo predecible y objetivo. La fórmula de sus dos componentes ya está consensuada, pero falta el decreto supremo. Siempre hay un argumento para postergarlo. Quieren cumplir con los mandatos de la Constitución en el modelo económico, pero no cuando trata de los derechos de los trabajadores.