Han pasado más de dos meses desde que el Ejecutivo presentó el proyecto de la Ley de Impulso a la Masificación de Gas Natural, proyecto Nº 679/2021-PE, y la Comisión de Energía y Minas del Congreso no se ha dignado a darle el espacio que su trascendencia nacional amerita.
Han sido nueve sesiones en las que el grupo parlamentario, liderado por la bancada de Acción Popular, no ha culminado el dictamen del proyecto que hoy se vuelve eje central del informe final presentado desde la Comisión Multisectorial para la masificación del gas, revelado por Perupetro esta semana, con miras a llevar el recurso a las regiones del interior, sobre todo a las postergadas en la sierra sur. Ya no se verá en esta legislatura.
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Por increíble que parezca, de los 19 parlamentarios que integran la plantilla titular de dicho grupo, la mayoría pertenece a regiones que se verían directamente beneficiadas con esta ley, entre ellas Puno (Jorge Flores Ancachi), Arequipa (Diana Gonzales), Cusco (Eduardo Salhuana) y Moquegua (Jorge Coayla). En estas regiones, el balón de gas supera los S/ 60.
”¿Ustedes necesitan que el gas de Camisea sea para los peruanos? ¿Que llegue a las familias? ¿Que se baje el precio del gas? El proyecto está en el Congreso de la República”, aseveró ayer el presidente Pedro Castillo durante su encuentro con los pescadores afectados por Repsol, al referirse al pliego de diez proyectos presentados el 10 de noviembre.
El dispositivo promueve fuentes de financiamiento para dinamizar la masificación del gas a nivel territorial y establece una tarifa única para el combustible, además de otras medidas.
Entre los principales temas a abordar está la modificación de los alcances del SISE y FISE para construir los ductos con respaldo de Petroperú, a fin de ejecutar la tarea que no pudo llevar a cabo el sector privado desde hace más de una década. La idea es que el primero pueda aplicarse en sistemas de transporte, distribución, infraestructura, almacenamiento y transporte de hidrocarburos. En cuanto al FISE, se le busca dotar de personería jurídica propia de derecho privado bajo las normas de contratación privada, sujetas a auditorías.
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