Pluspetrol: denuncia por contaminación será ventilada en Países Bajos

Seis años después de que la empresa Pluspetrol Norte S.A. diera por cerrado su capítulo de explotación petrolera en el Lote 192, las autoridades de los Países Bajos aceptaron a trámite la denuncia iniciada en su contra por las comunidades afectadas en la zona de influencia.

En diciembre del 2020, la empresa Pluspetrol Norte S.A. anunció su liquidación luego de ocho años de disputa con el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), que le exigía remediar los pasivos ambientales dejados por las empresas que operaron los lotes petroleros 192 y 8 antes de su llegada, además de “un laudo arbitral inapelable”. Ese mismo mes, los ministerios del Ambiente y de Energía y Minas aclararon, mediante un comunicado, que la empresa estaba obligada por ley a ello.

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Para entonces, cuatro federaciones indígenas cercanas a los pozos petroleros ya habían elevado el caso a los tribunales europeos en marzo del 2020. Finalmente, la acusación será revisada un año después por el Punto de Contacto Nacional (PCN), oficina responsable de verificar el cumplimiento de los compromisos ambientales en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a la que Perú postula desde hace una década. Aurelio Chino, presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep), dijo que tomaron la medida porque desde la empresa ya no quieren dialogar.

Pluspetrol offshore

El Ministerio de Relaciones Exteriores neerlandés informó que la empresa será también investigada por presuntas “estructuras y estrategias para la evasión fiscal”, debido a que desarrolla sus operaciones extractivas en Perú, pero tiene su sede en Ámsterdam. Para Yaizha Campanario, coordinadora del Programa Indígena de la ONG Equidad, este punto representa un precedente para los diferendos de este tipo en nuestro país.

“El hecho de que la empresa no se haya querido sentar con el PCN tiene consecuencias planteadas por el marco legal holandés, que le restarían algunos beneficios legales como acceso a crédito público, contrataciones públicas o apoyo comercial, entre otros. Se espera una acción política”, remarcó.

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