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IPE: 2,3 millones de empleos se generarían con los proyectos mineros en cartera

Estiman que los ingresos fiscales a favor del Estado alcanzarían los S/ 43.000 millones entre 2025 y 2035, y de 2030 a 2040 rondarían los S/ 96.000 millones. Especialistas recomiendan mirar con cautela proyecciones ante la realidad tributaria, fiscal y conflictiva en torno al sector.

Hay siete proyectos que iniciarán su ejecución este 2021, recordó el Minem. Foto: Andina
Hay siete proyectos que iniciarán su ejecución este 2021, recordó el Minem. Foto: Andina

El gerente del Instituto Peruano de Economía (IPE), Diego Macera, calculó este miércoles que los 42 proyectos en la cartera del Ministerio de Energía y Minas (Minem) generarían 2,3 millones de nuevos empleos directos e indirectos, una cantidad que se asemeja a las perdidas el año pasado por la COVID-19.

Asimismo, señaló que por cada empleo en la minería se crean ocho adicionales en otros sectores de la economía.

Según el estudio Contribución de la minería a la economía nacional, estos proyectos involucran más de 57.000 millones de dólares en inversiones. Sobre su impacto en los ingresos fiscales del Estado, Macera estimó que el primer grupo de 15 proyectos mineros —que estarían operativos hacia 2025 hasta 2035— brindarían 43.000 millones de soles.

Foto: IPE

Por otro lado, los 27 restantes entre 2030 y 2040, contribuirían con 96.000 millones de soles, aproximadamente.

Foto: IPE

“En el IPE hemos calculado que la entrada en operaciones de los dos grupos de la cartera de proyectos implicaría un impacto sumamente positivo para el desarrollo del país, sobre todo si se observa tanto los efectos directos como indirectos que se generan’', sostuvo Macera.

Observaciones

Por su parte, el economista Epifanio Baca considera que las proyecciones del IPE no toman en cuenta la realidad tributaria y fiscal que pueden influenciar en el desarrollo de estas actividades, como, por ejemplo, las prácticas de elusión fiscal en la que incurren las empresas, así como la depreciación acelerada como mecanismo de riesgo, los costos financieros sobredimensionados, la subvaluación de concentrados en mineral exportado y las devoluciones de IGV o judicialización de las deudas tributarias “como el caso Telefónica”.

“No se puede atender la viabilidad de la actividad minera si no se debaten otros componentes como el manejo ambiental y social. Me preocupa que en los últimos años haya una narrativa bajo el discurso de ‘tramitología’ que busca rebajar los estándares ambientales y sociales”, acotó Baca.

Finalmente, el decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Pacífico, Carlos Casas, consideró que el multiplicador del empleo arrojado por el IPE “puede estar un poco alto”, guiándose de que solo 380.000 personas se incorporan anualmente al mercado laboral.

“Si fuera así, la minería absorbería el 70% —entre empleos directos, indirectos e inducidos— de las actividades vinculadas de los que entran a la fuerza laboral. Esto debe revisarse”, recalcó el especialista.

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