Ley Agraria: a casi un mes, no todas las empresas la aplican

Yolanda Fernández Ponce tiene poco más de 30 años, y hoy con casi cuatro meses de embarazo no tiene ingresos para mantenerse.

Su sustento hasta inicios de enero se lo ganaba limpiando uvas en el Fundo Milagritos (Agrícola Challapampa) en Ica, pero cuando su estado de gestación se hizo más notorio, la empresa le “aconsejó” ir a su casa pues era población de riesgo ante el COVID-19, con la promesa de seguir pagándole su jornal diario, pues su contrato aún vencía en marzo.

“Los he llamado varias veces y la chica de recursos (humanos) me dice que la asistenta me va a llamar pero hasta ahora nada. Veo mi cuenta y está en cero soles. Siento que están esperando que me canse y así despedirme. Yo vivía del día a día, del destajo”, cuenta a La República Yolanda que es madre soltera de otros tres hijos.

Respuesta de la empresa

A través de una carta enviada el pasado 2 de febrero, la Corporación Agrícola Milagritos informó a este diario que, tras una inspección realizada por Sunafil, el 29 de enero pasado, se constató que la trabajadora Yolanda Fernández mantenía su vínculo laboral con la empresa vigente “y no ha concluido”.

“La trabajadora se encuentra en estado de gestación, razón por la cual la empresa le otorgó licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior. En ese sentido, la inspectora corroboró que el vínculo laboral con la trabajadora se encuentra suspendido en forma imperfecta, es decir, no tiene la obligación de laborar, pero se encuentra percibiendo su remuneración”.

“La inspectora constató que la trabajadora ha recibido el pago de sus remuneraciones. Por lo anterior, la inspectora rechazó que exista un supuesto despido arbitrario que fue motivo de la denuncia laboral de la trabajadora”, informó la empresa.

Una ley en el limbo

De acuerdo a Susan Quintanilla, del Comité de Lucha de Ica, hay varios aspectos de la ley agraria que aún no se aplican, al menos en esa región.

“La mayoría de las empresas aún no la acata (la ley) porque dicen que aún no está reglamentada entonces siguen pagando solo S/ 31 cuando se supone que el nuevo sueldo con el bono (BETA) empezó a regir desde el 1 de enero. También hubo casos de despidos arbitrarios pero mediante la Sunafil hemos logrado reponerlos”, alertó.

Justamente para Quintanilla, los 50 nuevos inspectores que Sunafil envío a su región no son suficientes para las más de 300 empresas agroindustriales que existe.

La explicación de AGAP –gremio que subraya que sus asociados sí están cumpliendo con el pago del BETA– es que trabajadores de las áreas administrativas ni las técnicas están incluidos en la nueva norma del sector, por lo que su sueldo se rige por el régimen laboral general.

A ello hay que señalar que los siguientes puntos sí están a la espera de ser precisados en el reglamento: el pago por movilidad, alimentación, atención de emergencias, lugares de descanso, entre otros (ver infografía).

Impacto se verá en 2024

Desde Huaura, en la región Lima, Renzo Carlini, miembro del directorio de la agroindustrial Duna Corp., exportadora desde hace 25 años de cítricos y palta a 35 países, cuenta que este año esperaba iniciar la siembra de más palta en más de 500 hectáreas. Pero los planes cambiaron tras la aprobación de la nueva ley agraria y la coyuntura electoral.

“Han sido semanas de incertidumbre, y aún de más incertidumbre por cómo se va a reglamentar la ley. Los trabajadores ya saben que a corto plazo tendrán este beneficio del BETA, pero en el largo plazo tendrán menos oportunidades porque habrá menos empresas formales”, señaló.

Para el empresario, se debería impulsar una nueva ley que permita la promoción de la agroindustria con sustento técnico; de lo contrario, estima que el sector crecería a un ritmo cada vez más lento en los próximos tres años; “y podríamos ver un estancamiento desde el 2025 porque habrá menos hectáreas que entren en producción para ese año”, estima Carlini.

El Gobierno tendrá que equilibrar.

El dato

Diálogo. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo convocó para el 28 y 29 de enero a una mesa de diálogo tripartito en Lima -semipresencial- en el que se abordarán aspectos del ámbito laboral de la norma, como la negociación colectiva y el salario.

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