Defensoría: Suspender telefonía e internet pone en riesgo telesalud, teletrabajo y educación a distancia
Defensor del Pueblo indicó que norma de Osiptel afectará a millones de ciudadanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
El Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez reiteró su preocupación sobre el riesgo que corren millones de personas, cuyos derechos a la salud, educación y trabajo serán afectados, con la anunciada medida del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) de autorizar la suspensión de servicios de telecomunicaciones desde el 03 de junio, a quienes no hayan pagado dos o más recibos de consumo.
Sobre el particular, Gutiérrez señaló que en el Informe Especial N°014-2020-DP “Aportes para garantizar la prestación de los servicios públicos domiciliarias, electricidad, gas, y telecomunicaciones ante la propagación del COVID-19”, la Defensoría del Pueblo advirtió el riesgo que representa el corte de telefonía e internet en consumar un aislamiento total, al agravar aún más los efectos colaterales perjudiciales de esta medida en la población. Explicó que el distanciamiento social decretado por el estado de emergencia sanitaria, solo será viable si las y los ciudadanos pueden mantenerse conectados y comunicados a través de estas vías alternativas.
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En esa línea, indicó que el internet representa un canal importante para tener acceso a la telesalud, teletrabajo y educación a distancia.
El Defensor del Pueblo, también recordó que el acceso a la información pública, según el Tribunal Constitucional, se encuentra condicionado por el acceso al internet. Por su parte, este último ha sido reconocido como un derecho humano por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al establecer que el acceso a la información en Internet ofrece grandes oportunidades para una educación asequible e inclusiva a nivel mundial.
Finalmente, Gutiérrez expresó que la Defensoría del Pueblo comprende que es necesario hacer sostenible el servicio de telecomunicaciones. Por ese motivo, el Informe Especial señala que el Estado debe tener la capacidad de identificar quiénes sí pueden y deben realizar tales pagos, y quiénes no. La política del Estado debe, por tanto, ser focalizada y segmentada para evitar perjudicar a las personas en situación de mayor vulnerabilidad económica, cuyos derechos fundamentales serán afectados al restringírseles el acceso a esta trascendental vía de comunicación en pleno estado de emergencia.
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