El grupo de trabajo que revisa el Decreto de Urgencia 016-2020, relacionado con la reposición de trabajadores dentro del sector público, aprobó por unanimidad el informe final que considera su inconstitucionalidad.
El documento concluye que se afecta el derecho de reposición de los empleados públicos frente a un eventual despido arbitrario, trasgrede principios laborales de realidad y continuidad laboral, la independencia de las decisiones judiciales y garantía constitucional de la cosa juzgada, el derecho de igualdad ante la ley.
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Además, se señala que el decreto carece de un sustento para su urgencia y “no es compatible con la constitución”.
En ese sentido, el informe recomienda derogar artículos 3, 4 y la única disposición complementaria del Decreto de Urgencia, “debido a su inconstitucionalidad”.
Además, sugiere que se establezca una comisión investigadora sobre las consultorías realizadas por el Poder Ejecutivo durante el 2011 al 2018.
Tras su aprobación, el informe pasará a debate y votación de la Comisión Permanente.