Existe espacio para una nueva Ley general de Minería, según el IPE

Ante los conflictos sociales en el país entorno a los proyectos mineros, el Gobierno - por un lado -, así como los gobernadores regionales del sur anuncian una nueva ley de minería que modernice la actual norma.

Al respecto, el gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), Diego Macera, señaló esta mañana que “existe espacio para una nueva ley general de minería”, aunque advirtió que el momento de plantear una nueva normativa no ha sido el correcto.

“Se ha planteado pero sin una propuesta, por dónde irán los cambios y quién lo hará. Eso genera incertidumbre adicional al mal manejo demostrado por el Gobierno en el caso de Tía María”, sostuvo en entrevista en un medio local.

En opinión de Macera, los cambios de una nueva ley de minería deberían concentrarse en cómo hacer viable los proyectos mineros que hoy están estancados - caso Las Bambas o Tía María -, “así como mejoras en el fondo de adelanto social, para que mejore la voluntad de las comunidades antes que se empiece a ejecutar el proyecto. Cambios en las devoluciones del IGV, devolución anticipada, entre otros”, refirió.

Esta mañana el IPE presentó su informe “Evolución de la estructura tributaria del sector minero” en el que revela que cerca al 45% de las ganancias de una compañía minera que opera en el Perú, se quedan en el país a través de pago de impuestos al estado, utilidades a los trabajadores, canon y otros conceptos.

“Eso se traduce en 4 mil millones de soles solamente el año pasado en regalías, impuesto a la renta (IR), etc. Lo que pasa es que se mezcla la devolución del IGV con los pagos de renta, se combina todo y eso hay que aclarar”, sostuvo Macera.

Datos

- El pasado 28 de julio, el presidente Martín Vizcarra afirmó que el país necesita una nueva ley de Minería. Desde el Ministerio de Economía y Finanzas se estaría alistando la propuesta del Ejecutivo.

- Los gobernadores regionales del sur presentaron ayer martes su proyecto de ley que será ingresada próximamente al Congreso. Entre otros, buscan que la consulta previa de las comunidades tengan mayor reconocimiento.