InformeSeis países de la región ya tienen leyes que reconocen el derecho de las personas trans a su identidad de género. En Perú, un proyecto de este tipo espera ser debatido en el Congreso desde hace dos años. Mientras, ellas siguen muriendo jóvenes, pobres e indocumentadas.,Trans peruanas: El sueño de la identidad,Trans peruanas: El sueño de la identidad,Hace algunos años, Mía fue a buscar trabajo como recepcionista de un hotel. La dueña la recibió, miró su currículum y le dijo que le había caído en gracia y que volviera al día siguiente con su DNI para arreglar todo. Cuando Mía volvió y le entregó su documento, el rostro de la dueña cambió. El nombre que allí aparecía no era el de una muchachita de mirada dulce como la que tenía delante, sino el de un caballero. Sin rastro del tono amable con el que la había recibido, la mujer le dijo que tenía que entrevistar a otra chica esa tarde y que la llamaría. Mía hasta ahora está esperando esa llamada. Me lo cuenta apoyada en una pared de la Avenida Universitaria, cerca del Boulevard El Retablo, en Comas, donde ejerce como trabajadora sexual desde hace 10 años. A unos metros, Geraldine y Alondra pasean sus cuerpos sobre la vereda. Me contarán historias parecidas en un rato. Búsquedas de un empleo formal, seguro, sin peligros. La discriminación. El rechazo. –He ido a buscar en cabinas, en fábricas de panetones, de papel higiénico– dice Geraldine. –No te dan. Mis amigas entraban y yo no. Por ser trans. Según cifras de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), el 70% de las mujeres trans en el Perú se dedica al trabajo sexual porque es su única alternativa de empleo. Viven expuestas, así, al VIH y a otras infecciones de transmisión sexual, a los insultos, las golpizas de los clientes, de los serenos, de los policías. A vivir con miedo, diariamente. Hace tres años, a Mía un cliente le quemó la cara y le rompió el brazo a golpes. Otras chicas del boulevard han sufrido ataques similares. Otras han muerto, en Lima y en otras regiones. Eso es vivir con miedo. No poder conseguir un empleo que las saque de las calles. No ser hostilizadas cuando van a atenderse a los hospitales, cuando caminan por la calle, cuando son niñas y otros niños las dañan –y nadie las protege. Vivir en una sociedad que las oprime. Desprotegidas por un Estado que, en la práctica, las obliga a identificarse con una identidad que no reconocen. Que las fuerza a usar un nombre al que no responden y que las registra con un sexo que ya no es el suyo. Que no reconoce su identidad de género. Una tendencia regional El pasado 19 de octubre, Uruguay aprobó la llamada Ley Integral para Personas Trans, una norma que enfrenta de manera multisectorial la situación de exclusión y marginalidad en la que vive la comunidad trans en ese país. Un mes antes, el 12 de setiembre, Chile aprobó la Ley de Identidad de Género, que simplifica los trámites para cambiar el nombre y el sexo en los documentos de identidad. Es una corriente mundial, sobre la que toman cada vez más conciencia gobernantes y legisladores de Sudamérica. Hasta el momento seis países de la región han emitido normas que simplifican la rectificación de datos de género: además de Chile y Uruguay, lo han hecho Argentina, Bolivia, Colombia y Ecuador. En Perú, desde 2016 se puede pedir al Reniec el cambio del nombre y sexo en el DNI, gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional, pero hay que seguir un proceso judicial, largo y costoso, lo que, en la práctica, lo hace inalcanzable para miles de mujeres trans. –Tienes que contratar a un abogado para que te arme el expediente– explica Miluska Luzquiños, directora de la Casa Trans. –Eso no baja de 500 soles. Tienes que adjuntar tu partida, tu DNI, presentar un informe de un psiquiatra que diga que tienes disforia de género, llevar dos testigos, presentar antecedentes policiales, penales, llevar constancia de Infocorp. Ese expediente se ingresa al juez. Debería ser un proceso sumario, pero demora. Y el abogado comienza a sacarte plata. Hay chicas que han gastado 2 mil, 3 mil soles. Una ley de identidad de género eliminaría todo ese engorroso proceso judicial y convertiría el cambio de estos datos en un simple trámite administrativo. Corto. Y barato. El proyecto existe. Un simple trámite El proyecto nació en la propia comunidad trans. Fue redactado por Miluska Luzquiños y otras activistas de la Red Trans Perú con el fin de que el Estado reconociera su derecho a la identidad. En mayo de 2016 se lo entregaron a Verónika Mendoza y a otros dirigentes del Movimiento Nuevo Perú, entre ellos Marisa Glave e Indira Huilca, quienes se comprometieron a presentarlo en el Congreso. Lo hicieron en diciembre de ese año, con el apoyo de otros nueve legisladores. ¿Qué propone? –Lo primero es que el Estado reconozca la identidad autopercibida de la persona a través de un simple trámite administrativo– dice Mariela Belleza, asesora del despacho de Marisa Glave, quien colaboró en la adecuación del texto al marco parlamentario. Eso significa que el Reniec tendría que recibir las solicitudes de las personas que quieren modificar sus datos de nombre y sexo y darles trámite sin exigirles una sentencia judicial, como ocurre ahora. El proyecto plantea que los menores de edad también puedan rectificar sus datos de nombre y sexo, siempre que cuenten con el consentimiento de uno de sus representantes legales. Si no lo tienen, podrían recurrir al Poder Judicial. Este es un punto que también ha sido incluido en las leyes aprobadas en Chile y Uruguay. La iniciativa señala que el Estado deberá promover la perspectiva de igualdad y no discriminación en los protocolos de atención del sector Salud. Además, todas las personas mayores de 18 años podrán acceder a intervenciones quirúrgicas y a tratamientos hormonales para adecuar su cuerpo, incluidos sus genitales, a su identidad de género, sin que requieran autorización judicial o administrativa. Un punto clave es que se garantizará la protección a los estudiantes y docentes trans contra el acoso y el hostigamiento en el ámbito escolar. Y en el tema laboral, establecerá que los programas de empleo y capacitación del Ministerio de Trabajo tengan como uno de sus objetivos la reinserción laboral de la población trans, aplicando cuotas, de ser necesario. Como referencia: la ley uruguaya crea una cuota de 1% para los trans en los puestos del sector público. –Nosotras decimos que es un proyecto salvador– dice Miluska Luzquiños. –Nos va a ayudar a enfrentar estos problemas y va a hacer que por primera vez existamos como ciudadanas para el Estado. Los más olvidados Para quien pueda pensar que todas estas medidas son "privilegios" para un sector de la población y que hay "cosas más importantes" de las que ocuparse en el Parlamento, hay que recordar algunos datos. Vivimos en la región más homofóbica del mundo. Según ONUSIDA, en América Latina ocurre el 80% de los homicidios de personas transgénero. En Perú, la comunidad LGTBI es de las más agredidas y, dentro de ella, la que peor lo pasa es la población trans. En 2016 se registraron 18 homicidios en la comunidad LGTBI, de los cuales 7 ocurrieron contra mujeres trans. De 109 casos de violencia física, el 71% fueron contra trans, y de 60 casos de discriminación, el 70% les sucedió a trans, según el Observatorio de Derechos LGTB de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. De acuerdo a otro estudio de la misma universidad, el 89% no tiene ningún tipo de seguro, el 50% dejó los estudios y alrededor del 30% vive con VIH. Su expectativa de vida no supera los 40 años. El proyecto de ley de identidad de género aguarda hace dos años su debate en las comisiones de Constitución y de la Mujer. Para el Congreso no es prioridad. Mientras, mujeres como Mía, Alondra y Geraldine siguen prostituyéndose en las calles. Otras se mueren en cuartuchos del centro de Lima. Algunas sin DNI. Jóvenes. Pobres. Desamparadas.
