A partir del 16 de julio, entrará en vigencia la Ley 2101 de 2021 en Colombia, la cual establece una reducción gradual de la jornada laboral semanal. Esta ley modifica el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo estableciendo que, a partir de 2026, la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo colombiana será de 42 horas semanales.
Es importante observar que esta reducción se llevará a cabo poco a poco y no afectará el salario, los derechos adquiridos ni las garantías de los trabajadores. A continuación, te contamos todos los detalles.
Según el Ministerio de Trabajo, se llevará a cabo un cambio progresivo en la duración de la jornada laboral a partir del 16 de julio de 2023. A continuación, se detalla el proceso de reducción:
La Ley 2101 garantiza la duración máxima de 42 horas de la jornada ordinaria de trabajo. Foto: composición LR
El Ministerio destaca que la reducción de la jornada máxima laboral conlleva un aumento en el valor de la hora diaria trabajada. Esto significa que, a pesar de trabajar menos tiempo, los trabajadores seguirán recibiendo la misma remuneración.
En este sentido, los empleadores tienen la responsabilidad de calcular el nuevo valor de la hora de trabajo para liquidar correctamente las horas extras y los recargos por trabajo nocturno, dominical y festivo. Cabe resaltar que, durante este proceso, se debe respetar el principio de favorabilidad y garantizar siempre que los trabajadores reciban los beneficios adecuados.
La Ley 2101 de 2021 establece la jornada laboral máxima para los trabajadores y trabajadoras del sector privado en Colombia. Esta ley no aplica para los servidores públicos, excepto aquellos que trabajen en empresas estatales y cuyas relaciones laborales estén regidas por el Código Sustantivo del Trabajo.
En el sector privado, la reducción puede implementarse a través de acuerdos o convenios colectivos negociados entre los empleadores y los sindicatos. Es fundamental tener en cuenta que estos acuerdos pueden variar según la industria y las condiciones específicas de cada empresa. Es necesario que ambas partes estén informadas sobre las disposiciones legales y los acuerdos colectivos que apliquen en su sector para asegurar el cumplimiento de la nueva ley y los derechos laborales correspondientes.