Política

Defensoría del Pueblo: relajan requisitos y designan adjunta a abogada afín a Keiko Fujimori

El fujicerronismo. Mutilaron requisitos de experiencia previa en el sector público para los adjuntos y asesores. Josué Gutiérrez cambió las reglas internas el 5 de setiembre y a los tres días designó a Elizabeth Zea como adjunta constitucional.

Retroceso institucional. Josué Gutiérrez designó adjunta constitucional a Elizabeth Zea, quien integró el equipo técnico de Keiko Fujimori. Foto: Andina/composiciónLR
Retroceso institucional. Josué Gutiérrez designó adjunta constitucional a Elizabeth Zea, quien integró el equipo técnico de Keiko Fujimori. Foto: Andina/composiciónLR

El defensor Josué Gutiérrez designó como adjunta en derecho constitucional a la abogada Elizabeth Zea Marquina, quien formó parte del equipo técnico de Keiko Fujimori en la campaña del 2021. Previo a este acto, el funcionario se encargó de hacer cambios normativos internos para reducir y anular requisitos para puestos importantes de la Defensoría del Pueblo.

Zea fue designada adjunta en derecho constitucional mediante resolución 071-2023, publicada el jueves 7 de setiembre.

Dos días antes, el 5 de setiembre, la gestión de Josué Gutiérrez emitió la resolución número 151-2023, para modificar el manual de clasificador de cargos de la entidad defensorial.

En realidad, lo que hizo fue mutilar el requisito de cuatro años de experiencia previa en el sector público para acceder al cargo de adjunto.

Ya para entonces, al interior de la Defensoría del Pueblo se había conocido que Elizabeth Zea iba a asumir la adjuntía en derecho constitucional, pero no cumplía con los requisitos.

Josué Gutiérrez sacó una norma que le allanó el camino.

Previamente, el 26 de julio de este año, su despacho también sacó otra norma similar para reducir requisitos para puestos claves y así anuló el requerimiento de tres años de experiencia en el sector público para el cargo de asesor II.

Ya con el camino allanado, Elizabeth Zea fue designada en el cargo de asesora II y en la misma resolución se le encargó el puesto de adjunta en derecho constitucional.

“Publique lo que desee”

Por las declaraciones juradas que presentó Elizabeth Zea ante la Contraloría, se sabe que la experiencia previa en el sector público sería de 21 meses, básicamente por su trabajo como asesora en el Congreso. Por ser un cargo de confianza, la designación es a dedo, sin ningún tipo de concurso público.

Entre mayo y noviembre del 2017, Zea fue asesora de la congresista fujimorista Paloma Noceda. Luego pasó a trabajar a la Comisión de Ética con Janet Sánchez. Y entre junio y diciembre del 2018 hizo de asesora del legislador de Fuerza Popular Juan Carlos Gonzales Ardiles.

Ayer contactamos a la abogada Elizabeth Zea para saber si tenía alguna otra experiencia en el sector público. “Por la transparencia que siempre ha pregonado la Defensoría, ¿cuántos años de experiencia exactamente tiene usted en el sector público?”, fue la pregunta que le formulamos.

La abogada evadió la interrogante concreta y su respuesta solo fue esta: “Lea la norma y publique lo que usted desee. No daré ninguna declaración”.

Replicamos que teníamos información completa, tanto de la norma actual como de la normatividad precedente, e insistimos con la pregunta concreta. Ya no hubo respuesta.

La institución defensorial también ha evitado atender nuestro requerimiento de la copia de su hoja de vida.

La especialización en derecho constitucional por parte de Elizabeth Zea también es dudosa, no obstante la importancia del conocimiento amplio que requiere el cargo. Si bien ella ejerce la docencia en derecho constitucional, en el portal de la Sunedu solo reporta una maestría en Derecho de los Negocios, con el grado otorgado recién en diciembre del 2022 por la Universidad San Martín de Porres.

Renuncias sucesivas en las adjuntías

La designación de Elizabeth Zea como adjunta constitucional se da tras la renuncia del abogado constitucionalista Alberto Cruces en agosto.

En la entidad defensorial también renunció la primera adjunta, Alicia Abanto, una funcionaria de carrera.

Hubo también renuncias de parte de la adjunta en temas de lucha contra la corrupción, Susana Silva, y la adjunta en niñez y adolescencia, Matilde Cobeña, ambas con amplio conocimiento del trabajo defensorial.

Asimismo, renunció la adjunta en derechos de la mujer, Carolina Garcés.

Periodista. En la actualidad labora como redactor en el área de Política del Diario La República.