El perdón pactado, por Ricardo Uceda

Dos posiciones ante el indulto. PPK elige la opción más desprolija. Vicente Zeballos a Kenji Fujimori: ¿”Tus votos a cambio de qué?”. La última reunión en Palacio de Gobierno. “No nos van a creer”, dijo el Ministro de Trabajo. PKK: “No hay momento perfecto para una decisión así”.

2 Ene 2018 | 6:15 h

A mediados de setiembre del 2017, el abogado José Ugaz Sánchez-Moreno recibió la llamada de un ministro de Estado que había sido autorizado por el presidente Kuczynski para hacerle dos preguntas. La primera, si aceptaría ser ministro de Justicia. La segunda, si ya en el cargo firmaría el indulto a Alberto Fujimori.

Ugaz, quien había sido Procurador Ad Hoc para los casos contra Fujimori-Montesinos, contestó:

−Firmaría el indulto si es de acuerdo a ley.

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Luego dijo que no podía asumir ningún cargo público sino hasta dentro de un mes, cuando venciera su período como Presidente de Transparencia Internacional. Los cambios ministeriales, sin embargo, debían hacerse de inmediato, porque, tras la huelga magisterial, era inminente que el Congreso retirara la confianza al gabinete. Ugaz también recibió una llamada de Fernando Zavala, que vivía sus últimos días como Primer Ministro. Finalmente, el elegido fue Enrique Mendoza, ex presidente del Poder Judicial.

Dos posiciones

Por entonces era de dominio público que PPK iba a indultar a Fujimori. El presidente debía para ello reemplazar a Marisol Pérez Tello, la ministra de Justicia que no favorecía la decisión, y cambiar a los miembros la Comisión de Gracias Presidenciales, que tampoco ayudarían. La circunstancia de que Ugaz pudiera haber ido a Justicia demuestra algo: en el espectro político contrario a Fuerza Popular había quienes aceptaban la idea del indulto humanitario y hasta hubieran podido participar en su implementación. Es un sector importante, pero ahora está en la misma posición de quienes de ninguna manera hubieran aceptado el indulto.

Son dos posiciones legítimas: una se basa en que la ley considera el indulto humanitario, y que una medida así, bajo determinadas circunstancias, podría beneficiar el clima democrático de un país. La otra posición es que un culpable de graves violaciones a los derechos humanos debe cumplir su condena. No por venganza sino por justicia, y al margen de su edad y su salud. En Europa tribunales siguen condenando a prisión a ancianos implicados en asesinatos masivos durante la Segunda Guerra Mundial. Cabe preguntarse, respecto de lo último: ¿Fujimori es equivalente a un criminal de guerra nazi? Y sobre lo primero: ¿podría haber beneficiado al país su indulto como parte de un proceso con objetivos mayores?

Otra agenda

Así las cosas, un indulto bajo cualquier envoltura iba a enemistar a PPK con el sector que lo consideraría una burla a la justicia. “Yo sé que si indulto a Fujimori, Mario Vargas Llosa me quitará el habla. Me lo ha dicho”, comentó más de una vez PPK en privado. Por otra parte, el presidente tenía, en su gabinete y en su bancada parlamentaria, a personalidades que, siendo adversarios del fujimorismo, le habrían ayudado a procesar un indulto bajo otras condiciones. El ministro que llamó a Ugaz para consultarle fue Carlos Basombrío.

¿Cuáles eran esas condiciones? Ante todo, un grupo de médicos dictaminadores de indiscutida probidad, y de preferencia extranjeros que hubieran ocupado cargos internacionales. Segundo, una negociación con Fujimori para un convincente pedido de perdón por los execrables delitos que permitió durante su gobierno. Luego, medidas que incluyeran otros aspectos que han quedado sin retomar de una agenda de reconciliación: reparaciones, procesos investigativos paralizados, política para reinserción de ex terroristas. “Un indulto como parte de un proceso de reconciliación serio, como el de Colombia, hubiera sido deseable y si me lo hubieran pedido habría estado dispuesto a colaborar”, dice Diego García Sayán, quien presidió la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre 2010 y 2014.

Los operadores

Tampoco, bajo ciertos parámetros, habría habido una ruidosa desaprobación internacional. Cuando, a fines de octubre, vino a Lima el jordano Zeid Ra'ad Al Hussein, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos –el mismo que acaba de condenar el indulto−, no se opuso a una medida de perdón para Fujimori. No se cayó de espaldas ni se escandalizó. Dijo que sería oportuna una opinión médica externa e incluso asesoramiento extranjero. Por esos días Amnistía Internacional dijo que cualquier indulto por razones humanitarias debía tener un trayecto transparente, e invocó a Kuczynski a comprometerse con el proceso de justicia y reparación para las víctimas. ¿Qué hizo el gobierno? El ministro de Justicia salió a la prensa para criticar a Zeid Ra'ad Al Hussein por opinar. Y negó lo que ya estaba en curso: el indulto al ex presidente.

PPK había decidido iniciar el proceso con dos ministros nuevos como operadores –el de Justicia, Enrique Mendoza, y el de Salud, Fernando D'Alessio−, al margen del gabinete pero con algún conocimiento de la Primera Ministra Mercedes Aráoz. En los primeros días de octubre fue cambiada la composición del Comité de Gracias Presidenciales y se inició un proceso que debía concluir con el indulto en diciembre, tal como Ángel Páez lo ha descrito en este diario. Hacia afuera, la táctica fue negar que hubiera algo en trámite. Claro, el trámite recién se inició en las últimas semanas.

Media mudanza

La opinión pública sabía lo que venía: hubo declaraciones periodísticas de quienes objetaban los cambios en la Comisión de Gracias, pues eran para indultar a Fujimori. Lo sabían los ministros, los parlamentarios y la prensa, aunque sin conocer el nivel de detalle. Y lo sabía Kenji Fujimori, quien había construido una relación directa con PPK. Por lo demás, cualquier visitante que llegaba a la DIROES se daba cuenta.

−Fujimori había retirado la mayoría de sus pertenencias –dijo una testigo−. Se quedó solo con lo elemental.

En el gobierno no hubo ninguna discusión abierta sobre el asunto. Como era una medida humanitaria se la consideró solo “un tema de PPK”, despojándola de sus efectos políticos, jurídicos e internacionales. Por entonces parlamentarios de la bancada oficialista visitaron al presidente para pedirle reactivar el proyecto de prisión domiciliaria para ancianos, del que disentía Fuerza Popular. “De acuerdo”, dijo PPK. Pero no pasó nada.

El pacto previo

Este indulto que iba a ser anunciado en diciembre habría suscitado un conflicto dentro del oficialismo aun si no se producía el pedido de vacancia. Entonces se hubiera descubierto el camino desprolijo –aunque no necesariamente ilegal− que siguió el trámite en el Ministerio de Justicia. Se hubiera evidenciado la falta de consideración hacia las víctimas, a quienes PPK jamás recibió. Habría aflorado, en fin, la indignación alentada por la falta de preparación política de la medida.

Y también se habría dicho, con razón, que había habido un pacto Kenji−PPK. A cambio del indulto PPK esperaba la estabilidad de su gobierno. Es la ventaja que le hizo ver el periodista Jorge Morelli cuando –como contó en El Comercio−, el presidente lo invitó a conversar (según una fuente por sugerencia de Mercedes Aráoz). Nunca sabremos si Kenji y su padre, en una negociación de verdad, habrían aceptado la idea de un proceso más lento y transparente, como lo hubiera exigido un ministro de Justicia del tipo de Ugaz. Lo que es cierto es que, antes de que se conociera que habría pedido de vacancia presidencial, Kenji esperaba que PPK diera la primera prueba de amor, liberando a su padre antes del fin de año. Después ambos ya le darían gobernabilidad.

¿A cambio de qué?

Es razonable la hipótesis de que Fuerza Popular precipitó el proceso para vacar a PPK porque el indulto era inminente, con la consecuente pérdida de poder de Keiko Fujimori. Si hubiera tenido más votos se lo cargaba la misma noche del 15 de diciembre en que el pleno del Congreso discutió el pedido de vacancia. En la víspera Kenji se reunió con la bancada PPK. Estaba solo. Anunció que pondría sus votos, que podían llegar a 25, para evitar la vacancia.

−¿A cambio de qué? –preguntó Vicente Zeballos, vocero de la bancada. La pregunta parecía demasiado directa. Se hizo un silencio en la sala.

−De nada –dijo Kenji−. Únicamente deseo darle gobernabilidad al país.

Los congresistas salieron satisfechos, pero al día siguiente solo había un voto de Fuerza Popular en contra de la moción de vacancia: el de Kenji. Fue el 21 de diciembre cuando el acuerdo salvó a PPK. ¿El acuerdo de esa coyuntura? No. Fue el acuerdo previo. Por eso Kenji ofreció sus votos sin nada a cambio. Estaba demasiado seguro del indulto.

Los sorprendidos

Entre el 21 y 24 de diciembre, conocedores de la inminencia del indulto, varios miembros del entorno de PPK meditaron respecto de su situación. Es posible que los ministros Jorge Nieto y Salvador del Solar se hubieran quedado si Kuczynski pateaba el indulto para más adelante, tratando de producir mejores condiciones que el indulto express cocinado por Mendoza-D'Alessio. El mismo día 21 del debate sobre la vacancia, cuando empezaron a hacerse públicos documentos del indulto, Vicente Zeballos le dijo a Gino Costa:

− ¿Es cierto esto? Si es así yo me voy.

Ese mismo día una parte de los ministros había confirmado que el proceso existía y que el indulto era inminente. PPK tomó la decisión de que fuera de inmediato, en las mismas Navidades. Convocó a ministros y parlamentarios en la tarde del 24 de diciembre, en Palacio de Gobierno, y les hizo el anuncio. PPK dijo que no existía momento perfecto para una decisión así. Había ministros de acuerdo: Carlos Bruce, de Transportes de Comunicaciones, uno de ellos. Mendoza, de Justicia, dijo que todo estaba de acuerdo a ley. La Primera Ministro afirmó que era una decisión presidencial. El Canciller Ricardo Luna dijo que se respondería adecuadamente en la Corte Interamericana, a donde se podría llevar el caso. El parlamentario Gilbert Violeta consideró el anuncio una muestra de liderazgo presidencial que el país esperaba.

"No nos creerán"

El congresista Gino Costa, que renunciaría después, dijo que era importante hablar con los familiares de las víctimas y hacer una respuesta adecuada. Otro futuro renunciante, Alberto de Belaunde, preguntó qué pasaría con los procesos futuros en los que podría estar involucrado Fujimori. Otro preguntó qué había de cierto en la versión de que un médico de Fujimori integró la comisión de médicos opinantes. Los ministros de Justicia y de Salud no respondieron claramente. El Ministro de Trabajo, Alfonso Grados, comentó: “No nos van a creer”.

PPK había dicho que la reunión no era para discutir sino para dar a conocer una decisión. Anunció que tenía un video grabado para el público, pero la mayoría opinó que como el indulto era humanitario, algo técnico, el presidente no debía estar involucrado en explicaciones políticas. Se acordó que solo saldría un comunicado, pero al día siguiente PPK emitió su video justificando el indulto con argumentos como el de la reconciliación. Luego, que se sepa, no ha vuelto a haber otra reunión de gobierno para esbozar las grandes respuestas necesarias.

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