LUIS PÁSARA. Doctor en derecho y profesor universitario. Vive en Salamanca, España.Entrevista a Luis Pásara, doctor en derecho y profesor universitario, quien responde sobre los últimos acontecimientos relacionados con el caso Lava Jato y el papel jugado por el sistema de justicia.,Luis Pásara es doctor en derecho y vive en Salamanca, España, pero siempre mantiene una mirada atenta sobre la actualidad nacional. Suele volver para dictar cursos en su especialidad y su producción académica es constante. Su último libro, publicado por el Fondo Editorial de la PUCP, se titula La ilusión de un país distinto y reúne entrevistas a treinta personajes de distintas profesiones. Es parte de su empeño personal por tratar de comprender al Perú. En la siguiente entrevista, responde sobre los últimos acontecimientos relacionados con el caso Lava Jato y el papel jugado por el sistema de justicia. PUEDES VER Frente Amplio solicitó renuncia de Rosa Bartra a comisión Lava Jato ¿Cuál es su evaluación, hasta el momento, del papel que desempeña el Ministerio Público en las investigaciones del caso Lava Jato? Creo que la Fiscalía ha reaccionado un poco tarde. Primero, porque las denuncias, que provienen de las declaraciones de Jorge Barata, fueron hechas hace mucho. Para el caso de los empresarios hoy en prisión preventiva, lo que sorprende es que la Fiscalía no haya hecho ninguna intervención en varios meses, como allanar esas empresas, socias de Odebrecht, para revisar su contabilidad. Esto demuestra una cierta debilidad en la capacidad de investigación de la Fiscalía. ¿Percibe lentitud? Que no solo se da en estos casos. Diría, además, que ha habido un alto nivel de dependencia de los colaboradores eficaces. En un momento, todo parecía depender de lo que dijera Barata. Dicho esto, lo que se puede decir ahora es que la Fiscalía ha tomado un rol activo y, según parece, está siguiendo los pasos adecuados. Ojalá siga así. ¿Lo dice por la prisión preventiva dictada en contra del ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia y contra los empresarios socios de Odebrecht? No me puedo pronunciar sobre la oportunidad o conveniencia de las prisiones preventivas. Pero sí veo que la Fiscalía, por fin, ha tomado un rol protagónico, tal como le corresponde. Tendría que haber sido antes pero hay que alegrarse de que lo haga ahora. El juez Richard Concepción Carhuancho se ha convertido en una especie de celebridad nacional. Desde lo jurídico, ¿qué le sugiere su actuación? No he visto al detalle las resoluciones, pero me parece que está ejerciendo la autoridad que le corresponde. Hay una capacidad discrecional del juez que hay que respetar. No veo, hasta ahora al menos, ninguna decisión arbitraria. Lo decía porque hay un debate sobre si se justifican o no las prisiones preventivas. Lo que pasa es que si nos atenemos a las normas internacionales, la prisión preventiva se justifica solo en dos casos: cuando existe un peligro de fuga o un peligro de destrucción de pruebas. En el caso de los empresarios, creo que lo segundo era una posibilidad bastante alta. En los otros casos, las cosas no me parecen tan evidentes… ¿Lo dice por Humala? Ese caso no me parece tan evidente. En realidad, nunca lo he terminado de entender, ni de comprender la justificación. Puede ser que la haya, desde luego, y que yo no conozca el caso lo bastante. Ahora bien, en el Perú, por lo general, la prisión preventiva se aplica de una manera muy generalizada. Lo que ocurre es que cuando la opinión pública exige que un caso se siga con atención y hay presión mediática, se dicta la prisión preventiva. ¿Diría que esta regla ha alcanzado a los poderosos? En los hechos, las figuras políticas y empresariales están siendo tratadas como se trata a un ciudadano común y corriente. Habría que decir, un poco irónicamente, que por fin la ley se aplica a todos y desde ese punto de vista… ¿No cabe tanta discusión? Claro que no. Nos sorprende que a cuatro señorones los metan presos porque esto nunca ha ocurrido en el Perú. ¡Eso es lo sorprendente! Y no ocurrió antes, no porque no hubiera razones para juzgar a ciertos personajes, sino porque con ellos nadie se metía. Desde la época de Leguía en que varios señorones fueron a prisión por razones políticas y no por motivos de corrupción, no se ha visto nada parecido. Por eso hay gran sorpresa y mucho debate. Sin embargo, si no se tratara de esos señorones sino de usted o de mí, nadie se opondría. Ni debate habría. Pero por supuesto. Sin embargo, y pese a los avances, persiste la sensación de impunidad entre los ciudadanos. Por ejemplo, se menciona mucho a un ex presidente que permanece intocable. Bueno: todos estamos esperando que Alan García sea procesado. Es evidente que eso es un clamor nacional. Y me parece que esa sensación de impunidad, que es muy extendida y tampoco es nueva sino bien antigua, será seriamente cuestionada el día que García sea procesado. ¿Y merece ser procesado? Si hablamos de indicios perceptibles por la opinión pública, tenemos: propiedades, gastos, un enriquecimiento no explicado. Da la impresión de que él no podía dejar de conocer una serie de cosas que han ocurrido y que han dado lugar a procesos judiciales, incluso con gente presa. ¿Qué es lo que podría venir a partir de ahora con el caso Lava Jato? ¿Qué espera usted del Ministerio Público, ahora que, como usted dice, ya agarró velocidad en su actuación? Temo por la limitada capacidad de investigación que tiene el Ministerio Público, y ese es un problema estructural de la institución. ¿Cuál podría ser la consecuencia de esa falta de capacidad investigativa? Que se impida tener pruebas suficientes. No estoy hablando de las interferencias políticas, que las hay en el Ministerio Público, como en todas las instituciones del Estado peruano. Me refiero más bien a la capacidad instalada para investigar. Y frente a esta limitación, espero que la Fiscalía ponga a sus mejores recursos humanos y logísticos a trabajar, porque son casos muy importantes. Que sirven de ejemplo nacional, además. Exactamente. Son casos en los cuales se está jugando el prestigio del Ministerio Público. No solo eso, en realidad: se está jugando el prestigio del sistema de justicia en el Perú, para saber si esta se aplica a todos o no. Si uno de estos casos se perdiera, no por falta de base sino porque no se consiguiera desarrollar la argumentación debida, sería algo muy lamentable. El Ministerio Público tiene un peso encima muy grande. Es un peso enorme. Desde el Congreso, concretamente desde el fujimorismo, se dice que el Ministerio Público ha reaccionado solo a partir de la denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. En la historia lo que cuentan no son tanto las intenciones, sino los resultados. A mí francamente me interesan muy poco las motivaciones que tenga el fiscal Pablo Sánchez si es que se demuestra, con pruebas suficientes, que el dinero de Odebrecht fue a parar a determinados beneficiados para financiar sus campañas y que eso se disimuló de tal o cual manera. Lo que a mí me interesa es que se haga justicia allí donde haya que ejercerla. Lo demás es comidilla. ¿Qué interés real tiene? Efectivamente, Pablo Sánchez ha ejercido un rol más aguerrido, más protagónico en las últimas semanas, pero sus motivos personales no le interesan ni a la historia ni a la justicia. El asunto es llegar a la verdad y sancionar. ¿Tiene alguna opinión sobre la denuncia constitucional en contra del fiscal Sánchez? Me parece que es una denuncia sumamente forzada, jalada de los pelos, y que no tiene mayor asidero. Estas cosas ocurren con tanta frecuencia en Fuerza Popular que ya no debe de sorprendernos, ¿no es verdad? Es similar a lo que está ocurriendo con los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional. En realidad FP, para plantear denuncias, no tiene la necesidad de ofrecer argumentos racionales. Simplemente, plantea acusaciones a partir de a quiénes considera que son sus adversarios o sus enemigos o sus obstáculos. FP se presta de cualquier argumento, el que fuere, y lo utiliza como si fuera sostenible y atendible. ¿Cuál es la motivación política para tratar de sacar al fiscal Sánchez del camino? Hay muchos actores políticos, y no pienso solo en el fujimorismo, a los que les conviene un Ministerio Público pusilánime, débil, que no ejerza su función de investigación y acusación en el caso Lava Jato. Odebrecht y las otras constructoras han brindado una extraordinaria oportunidad, al Perú y a América Latina, de llevar adelante una purga masiva. Tener a una Fiscalía que no se atreva a cumplir con su responsabilidad es algo que les conviene a muchos. Y por eso se busca debilitar al fiscal. No solo debilitarlo: también amedrentarlo. El mensaje es: te podemos sacar del puesto. Además de la denuncia constitucional en contra de Pablo Sánchez, hay cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que atraviesan el mismo trance. No parece casualidad, ¿no es cierto? Sobre lo del TC, a mí me sorprende que la lectura del texto constitucional no haya sido más utilizada en esta discusión. Basta leer dos artículos de la Constitución para darse cuenta de que el Congreso no puede hacer lo que está haciendo en estos momentos. ¿Cuáles artículos? El artículo 201 dice que los miembros del TC gozan de la misma inmunidad, de las mismas prerrogativas que los congresistas. Y el artículo 93 señala, a su vez, que los congresistas no son responsables por sus opiniones y votos que emitan en el ejercicio de sus funciones. ¿Esto qué quiere decir? Que hayan hecho lo que hayan hecho los miembros del TC no son procesables por el Congreso. Este es otro ejemplo en el cual el fujimorismo, basado en su mayoría parlamentaria, hace lo que le parece o se le antoja. Una cosa es opinar sobre lo que los magistrados del TC hicieron, y ahí existen opiniones diversas como suele ocurrir en temas de derecho, pero es clarísimo que el Congreso no puede procesarlos. La Constitución no lo puede decir con mayor claridad. “El de FP es un afán de control institucional” ¿Qué busca el fujimorismo con el TC? La lectura política es clara: (el fujimorismo) ya colocó en el TC a un representante de los sectores más oscuros, reaccionarios y conservadores del país, que es Augusto Ferrero. Buscan abrir otras plazas para colocar a gente cercana. Es un afán de control sobre las instituciones. Aunque siempre es complicado alcanzar los votos para nombrar a nuevos magistrados del TC. Eso se puede negociar. Víctor Andrés García Belaunde siempre está a disposición. El APRA tiene cinco votos que también suman. Usted vive fuera y eso le permite mirar el bosque. ¿Qué sensación tiene del gobierno de Kuczynski? Me pide que vea el bosque, pero empezaré por el árbol. En mi última visita a Lima llegué el día del censo y pasó algo revelador. Habla de la capacidad de acción que tiene el gobierno, algo ya evidenciado en áreas como la reconstrucción. Kuczynski no tiene orientación política. No sabe qué país desea construir. Hay vacilaciones, frases absurdas, nombramientos pésimos. Tres ministros actuales son personajes impresentables: los de Salud, Educación y Justicia. En fin, este es un gobierno sin rumbo. Es mi impresión. La formalidad democrática pide llegar hasta el final del periodo, pero Kuczynski está haciendo muy poco para alcanzar ese final sin sobresaltos. Se sugiere que el casi seguro indulto a Alberto Fujimori lo que busca es, precisamente, allanarle el camino al gobierno, al menos en lo que respecta a su relación con la oposición. Sobre ese tema, algunos me dicen que están esperando a que llegue el Papa. Se lo digo en serio, yo lo escuché en Lima: si Francisco hace un llamado a la reconciliación, a la paz, ahí mismo se firma el indulto.
