Recusan a los tres magistrados que ven el caso Manta y Vilca

Evidencia. Abogados alegan parcialización con los acusados. Temen que los hechos de violencia sexual perpetrados por militares contra campesinas en los ochenta queden impunes.

7 Sep 2017 | 6:44 h

La defensa de las mujeres de las comunidades huancavelicanas de Manta y Vilca que fueron violentadas sexualmente por personal de la base militar ubicada en esta zona entre los años 1984 y 1991 presentaron una demanda de recusación contra los integrantes del Colegiado B de la Sala Penal Nacional, los jueces superiores Emperatriz Pérez Castillo, Otto Verapinto Velásquez y Carlos Payano Barona.

"Es un escrito de recusación, lo que significa que dudamos de la imparcialidad de los magistrados y pedimos que se retiren del caso. Hemos dicho que no pueden seguir porque están parcializados con una de las partes, es decir, con los acusados", precisó Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa legal (IDL), quien junto a Cinthya Silva y Rossy Salazar, ambas de Demus, presentaron la demanda.

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A la demostración de parcialidad de los magistrados, han agregado actos vulneratorios como la revictimización de las agraviadas y la limitación de la actividad probatoria del Ministerio Público respecto al contexto de los hechos denunciados.

"Sin el análisis del contexto del conflicto armado en que ocurrieron sería imposible calificar estos delitos como de lesa humanidad y podrían quedar impunes por prescripción o por desacreditación de la declaración de las víctimas", indicó Cinthya Silva.

Los abogados informaron a la prensa que los magistrados impiden que testigos expertos y los testigos de las víctimas, inclusive de los acusados, hablen del contexto, y suelen ordenar que se limiten a contestar las preguntas.

Refirieron que cuando las mujeres afectadas querían relatar el estado de sitio, las detenciones, las desapariciones, y que las violaciones eran una práctica de los militares, los jueces consideraban no pertinente esa información.

Indicaron que ellas han sido discriminadas y revictimizadas. A una de ellas le llamaron la atención por permitir que su violador pase toda la noche con ella, sin tomar en cuenta la indefensión en que se encontraba, sin autoridades civiles, y siendo menor de edad.

Rossy Salazar lamentó que el juicio se lleve en reserva a pesar de que las víctimas han pedido que sea público.

Datos

Denunciantes. María Araujo E., Marilia Araujo B., Teresa Araujo B., Magda Surichaqui C., Magna Gonzales A., Santosa Contreras Q., Olga Ramos C., Virginia Gonzales A., y Nérida Páucar M.

Antecedentes. Procesos penales sobre los mismos delitos durante el conflicto armado en Vilcashuamán y Chumbivilcas quedaron impunes al ser tratados como delitos comunes y no como de lesa humanidad.

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