Avances. Gobierno mantendrá en absoluta reserva la identidad de los denunciantes y también habrá garantías para los trabajadores públicos y los proveedores del Estado.,El gobierno promulgó ayer el Decreto Legislativo 1327, con el cual busca incentivar, en la ciudadanía, la formulación de denuncias de actos de corrupción, mediante iniciativas como la protección de la identidad de los denunciantes y la eventual devolución de pagos efectuados por trámites administrativos. PUEDES VER: Ejecutivo aprueba ley que crea Procuraduría General y otros ocho decretos La iniciativa fue saludada por el ex procurador Antonio Maldonado, quien consideró que con esta norma el Gobierno da un paso decisivo en la lucha contra la corrupción. “Es una medida necesaria y adapta la legislación nacional a los compromisos internacionales de lucha contra la corrupción, asumidos por el Estado peruano. Eso nos pone a la vanguardia”, comentó. Según esta norma, que debe ser reglamentada dentro de sesenta días por el Ministerio de Justicia (Minjus), el Estado “garantiza la absoluta reserva de la información relativa a la identidad del denunciante”. El decreto legislativo incluso contempla la posibilidad de que se pueda presentar denuncias en forma anónima. Las medidas de protección también alcanzan a los trabajadores públicos, a fin de evitar riesgos laborales. En tanto, para los proveedores el Estado garantiza que no serán afectados en futuras licitaciones. Para el caso de los ciudadanos que realizan un acto administrativo y detectan un caso de corrupción, el Estado se compromete a devolver el costo del trámite, cuando se haya verificado el acto ilícito. Nueva Procuraduría El gobierno también creó, mediante Decreto Legislativo 1326, la Procuraduría General del Estado, con el propósito de articular el sistema de defensa jurídica del Estado, con las garantías necesarias de autonomía funcional y económica. La norma establece que el presidente de la República es el responsable de designar al nuevo procurador general del Estado, a propuesta del ministerio de Justicia. Asimismo, la Procuraduría tendrá un Consejo Directivo, como órgano de mayor jerarquía y estará conformado por el procurador, un representante del Minjus y un miembro de la Contraloría General de la República. La peculiaridad es que fueron excluidos de este Consejo Directivo los representantes de la Defensoría del Pueblo y del Consejo Nacional de la Magistratura, tal como inicialmente planteaba el Gobierno, en el proyecto de ley del pedido de facultades. El Congreso también tiene en agenda reforma constitucional Si bien el Poder Ejecutivo sacó un decreto legislativo que crea la Procuraduría General del Estado, en el Congreso ya se aprobó un dictamen de reforma constitucional para la creación de la llamada Procuraduría General de la República. Si bien en la práctica se trata del mismo organismo encargado de asumir la defensa jurídica del Estado, lo que buscaría el Parlamento es otorgar una autonomía a nivel constitucional. En cambio, la principal diferencia con el decreto legislativo promulgado por el Gobierno es que el procurador no sería designado por el presidente de la República, sino por el Congreso que, por ahora, tiene una amplia mayoría del fujimorismo. Según el dictamen aprobado por la Comisión de Constitución, los candidatos serían propuestos por el Ejecutivo, la Defensoría, la Contraloría y el Consejo Nacional de la Magistratura. Sin embargo, en opinión del ex procurador Joel Segura sería la mayoría fujimorista la que al final decidiría quién es el procurador, en función a sus intereses.
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