Duberlí Rodríguez: “En el Poder Judicial se critica la corrupción, pero más la demora en resolver los casos”

Entrevista a Duberlí Rodríguez Tineo. Juez Supremo y nuevo presidente de la Corte Suprema del Poder Judicial. ,A partir de hoy, el juez supremo Duberlí Rodríguez Tineo asume el cargo de presidente del Poder Judicial para el periodo 2017-2018. Como tal, se compromete a cumplir los ofrecimientos de su campaña, entre ellos la creación del expediente judicial digital y la culminación de la implementación de la reforma procesal penal y laboral. A los que esperan que el Poder Judicial tenga un protagonismo similar en el caso Lava Jato al de la justicia brasileña, les responde que eso no podrá ser posible. PUEDES VER: Próximo presidente del PJ no llegó a acuerdos con trabajadores en huelga ¿Cuáles son las principales propuestas que va a impulsar durante los dos años de gestión que tendrá frente al Poder Judicial? Estoy levantando la bandera de la modernización, aplicando tecnología de última generación que será concretamente para conseguir el expediente judicial digital. Esto significará dejar de lado el proceso escrito que genera tomos y tomos de expedientes y que nos tiene prácticamente sepultados en papel. Este tema lo podemos superar escaneando los expedientes y guardándolos en un soporte electrónico que nos permitirá acabar con el uso del papel. El Poder Judicial gasta anualmente 4 millones de soles en papel y 18 millones de soles en tinta, lo que significa que se ahorrarían 22 millones de soles, además de hacerle un gran favor al medio ambiente y ganar en celeridad y trasparencia en los procesos. Los litigantes podrán ver en qué estado se encuentra su proceso desde su pantalla sin la necesidad de que vengan a pedir la copia del expediente. Su propuesta suena muy atractiva pero ¿cuánto puede costar esta implementación? Este tema es un poco costoso. En Lima Norte empezamos un plan piloto hace tres años con un préstamo del Banco Mundial de 15 millones de soles y recién está culminando este proceso para 14 mil expedientes laborales de una carga procesal de 2 millones y medio de expedientes. Cuando empecemos con el expediente judicial digital, debemos partir como carga cero y los antiguos ya no digitalizarlos porque sería de nunca acabar. ¿De cuánto será la inversión económica que permita dar el salto al expediente digital? En el presupuesto del 2017 no tenemos ni un sol para este proyecto, pero el ministro de economía, Alfredo Thorne, va a apoyar la justicia digital, y para eso avalará un préstamo del Banco Mundial de alrededor de 200 millones de dólares. He conversado con el funcionario del Banco Mundial Nelson Shack y ha manifestado que es un préstamo prácticamente garantizado. El dinero se entregará en el 2018, pero al existir un compromiso del Banco Mundial, a cuenta de ese préstamo podemos pedir adelantos al Ministerio de Economía. Hacer el proyecto para conseguir el préstamo nos costará un millón de dólares. El Poder Judicial va a hacer el esfuerzo de poner medio millón, y el otro medio millón lo pondrá el Ministerio de Economía. Vamos a empezar en la Corte de Lima con los expedientes digitales judiciales en la especialidad de justicia comercial, por ser la más moderna. ¿En qué otros pasos de su programa como candidato está avanzando? Otro aspecto que pienso fortalecer y garantizar es que se culminen las dos reformas procesales que están en marcha. Primero, la reforma procesal penal que haga el proceso más rápido y transparente y la Reforma Procesal Laboral, ya presente en 23 de las 33 cortes que tenemos. Antes el promedio de duración de un proceso laboral era de dos años y siete meses, ahora el plazo es de 340 días, menos de un año. ¿Y cuáles son los resultados de la Reforma Procesal Penal? En el Perú la reforma es progresiva. Se comenzó a implementar en el 2006 en Huaura y ha funcionado muy bien. En Huaura, el promedio de los procesos penales es de seis meses. Tenemos 33 cortes superiores y en 28 cortes ya está vigentes la reforma procesal penal. En esas 28 cortes, el proceso judicial es de 13 meses, un gran avance en comparación con el viejo código penal, con el cual el tiempo de duración es de cuatro años. Esto va a crear más satisfacción en los usuarios de la justicia penal, porque lo que más se crítica es la demora en resolver los casos. No es el tema de corrupción, que sí existe pero es secundario. El principal problema (del Poder Judicial) es la lentitud, el retardo en resolver. ¿Y para cuándo la reforma procesal penal se aplicará para todo el país? Faltan cinco cortes, pero entre esas cinco está Lima, donde está medio Perú, y para que eso ocurra tiene que haber voluntad política. Eso significa voluntad del gobierno porque eso se traduce en soles, en presupuesto. Para que la reforma procesal penal culmine en el 2018, el Gobierno central tiene que dar presupuesto no menor a los mil millones de soles. Esa inversión es fundamental para conseguir la satisfacción ciudadana. Entonces, el cumplimiento de sus propuestas no depende de usted sino del dinero que le entregue el Ejecutivo. Sin dinero no se concreta nada. No me voy a quedar de brazos cruzados. Si el señor Gobierno no me da el apoyo, tocaré las puertas del sector privado. No tengo ningún prejuicio, ningún miedo de acudir al sector privado para que me colabore. Si me regala computadoras, escáners o lo que fuera para la reforma, eso no me compromete ni me hipoteca como Poder Judicial para que cuando ellos estén implicados en un proceso nosotros tengamos que absolverlos a ojos cerrados. Un prejuicio agraviante para el Poder Judicial es que se crea que porque nos apoyan, nosotros tengamos que beneficiarlos. La misma lógica se puede usar para el apoyo del Gobierno con tantos funcionarios comprometidos en procesos penales. Usted habla de falta de presupuesto para su sector, sin embargo, hemos sido testigos de las compras y gastos innecesarios que se hacen en el Poder Judicial, como la compra de autos de lujos para los jueces supremos y los viajes a Europa pagados íntegramente por la institución. Quiero aclarar ese tema porque su medio lo sacó a modo de denuncia. Estoy en la Corte Suprema desde el 2007 y cuando llegué no había flota vehicular propia. A mí me dieron un carro incautado de un delincuente de Tumbes que no tenía los papeles en regla y dos veces me han llevado a la comisaría, fue humillante. Ya en el 2009 se compraron carros Nissan, pero parece que los vehículos están programados para durar poco y están inservibles. Entonces, hace cuatro años, se conformó una comisión para ver la nueva compra y el doctor Ticona la concretó, es ahí cuando llegan los Toyota Lexus. Aquí no hay nada irregular. Sé que a veces la ciudadanía piensa que debemos andar en combi o a pie, pero eso es injusto. No es vanidad, pero en mi carnet dice que tengo el rango de Ministro de Estado; entonces, me pregunto, ¿en qué carros andan ellos? Y andan en carros de más amplitud que los nuestros. Entonces pregunto, ¿por qué un ministro de Estado va a andar en un vehículo cómodo y por qué un juez debe andar en un vehículo que no tiene las condiciones para dar un buen servicio? Yo considero muy injusta la crítica en este tema. Doctor, en Brasil el Poder Judicial tomó un papel muy importante para desbaratar la red de corrupción que existía en el gobierno brasileño. ¿Se tomará esto como modelo para los procesos que alcanzan a las esferas del poder? Nosotros no podemos liderar la lucha contra la corrupción porque eso le corresponde al Ministerio Público o a la Contraloría General de la República. Al Poder Judicial le corresponde juzgar. Yo sé que muchos piensan que debemos hacer como Brasil y que aquí necesitamos jueces como (Sergio) Moro pero, un momentito, esa es otra realidad. En Brasil, Moro tiene facultades para investigar, es un juez que tiene protagonismo en el proceso penal brasileño, y eso no lo tiene el Perú. Acá tenemos un modelo acusatorio donde el fiscal investiga y acusa así que aquí no vamos a tener Moros por más que quisiéramos. El rol del Poder Judicial es dar una respuesta adecuada con jueces preparados y eso me lleva a proponer que se diseñe un subsistema nacional de justicia especializada en delitos contra la administración pública, con jueces preparados para afrontar este reto y que manejen muy bien figuras penales como colusión, peculado, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, negociación incompatible y ahora una nueva figura como es el soborno internacional.

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