Entrevista a Lorena Masías, jefa de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu),En la siguiente entrevista, la jefa de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), Lorena Masías, analiza los principales problemas que, desde su óptica, trae consigo el proyecto de ley auspiciado por el Partido Aprista y que busca modificar sensibles artículos de la ley universitaria. PUEDES VER: Sunedu: “Proyecto de Javier Velásquez Quesquén es un retroceso” ¿Qué es lo que más le preocupa del proyecto de Javier Velásquez Quesquén que busca modificar artículos de la ley universitaria? Lo que venimos haciendo en la Sunedu es avanzar hacia un proceso de mejora de la calidad educativa, para establecer parámetros e indicadores como parte de un proceso de licenciamiento que consiste en darles a las universidades la autorización para ofrecer un servicio de acuerdo con estándares de calidad. Esto se puede detener con el proyecto de Velásquez Quesquén. Desde su óptica, ¿qué es lo más preocupante del proyecto? Actualmente a cinco de los siete miembros del Consejo Directivo de la Sunedu se les designa mediante un concurso público meritocrático, abierto y transparente. Esto cambiaría con el proyecto al que usted se refiere. La selección sería a dedo, la harían los rectores. Especialistas sugieren que sería una vuelta al pasado. Exactamente, a lo que había antes con la Asamblea Nacional de Rectores (ANR). En la práctica, los rectores eran juez y parte. Así como la Sunedu no puede gestionar una universidad, las autoridades universitarias tampoco pueden ser supervisores. Se lo pongo de este modo: es como pensar que un banquero puede ser supervisor de los bancos. A nadie se le ocurriría pensar en algo así. Sin embargo, no entiendo por qué en este caso hay gente que propone volver al esquema anterior. Lo que hemos visto son alumnos que se pasan cinco años en una universidad y no adquieren las herramientas que se necesitan para ejercer su profesión. El proyecto también señala que el licenciamiento sería obligatorio solo paras las nuevas universidades. Y el proceso de mejora de calidad se detendría. Mire, 76 universidades de 142 han presentado su solicitud para ingresar al proceso de licenciamiento y mejora de calidad. ¿Qué pasaría con ellas? Todo se paralizaría. ¿Les han pedido su opinión en la Comisión de Educación? La verdad es que no, lo cual está mal si lo que se busca es hacer modificaciones a una política que está dentro de nuestra competencia. ¿La ley universitaria, como está, es inamovible? Todo tiene que darse dentro de un proceso de diálogo, pero siempre pensando en avanzar. Nosotros mismos nos hemos reunido con el Consejo Nacional de Educación, que establece políticas de mediano y largo plazo. Ayer (miércoles) hemos conversado con estudiantes de universidades para recoger sus opiniones sobre la reforma. ¿Se deberían hacer mejoras entonces? Estamos en eso, recogiendo impresiones de los diferentes actores involucrados. Se lo digo porque se ha cuestionado el límite de edad de 70 años para el ejercicio de la docencia. Es posible que haya profesores de más de 70 años muy buenos y que sigan contribuyendo con sus investigaciones. Eso hay que respetarlo. Son cosas que se pueden aclarar en la ley. Es parte de la discusión. Imagino que está advertida de que la discusión sobre la ley universitaria no es solo técnica. Es sobre todo política. Hay mucho en juego. La Sunedu es una entidad técnica. En todo caso, le recuerdo que más del 80% de la opinión pública apoya que haya una superintendencia que busque la mejora de la calidad del sistema universitario. El Congreso de la República lo domina actualmente Fuerza Popular, un partido que no ha demostrado un apoyo sustancial a la reforma. Confío en que se iniciará un proceso de diálogo para determinar las modificaciones que se le harán a la norma. Sin embargo, estos cambios deben apuntar a avanzar, no a retroceder, como plantea la norma de Velásquez Quesquén. ¿Le preocupa que en la Comisión de Educación y en el Congreso en general haya congresistas directamente relacionados con universidades? En realidad, ese es un conflicto de interés, equivale a ser juez y parte. ¿Cuál cree que sería el interés de Velásquez Quesquén al hacer un proyecto así? Bueno, en todo proyecto de reforma siempre hay intereses, ganadores y perdedores. Y entre la gente que siente que ha perdido están, entre otros, los ex rectores que ya no dirigen universidades, o dueños de universidades que no quieren aceptar las nuevas reglas de juego. Este proyecto (de Velásquez Quesquén) puede estar representando esto que le digo. ¿Es una contrarreforma? En esencia. Velásquez Quesquén argumenta que se busca proteger la autonomía universitaria, impedir la injerencia del Ejecutivo. El Estado tiene que estar involucrado en los distintos sectores mediante políticas. El Minedu puede y debe ver la educación superior. No olvidemos que no solo hablamos de universidades, sino también de institutos. Es importante tener una política educativa consistente y transversal, desde los colegios. Por último, de los siete integrantes del Consejo Directivo de la Sunedu, solo uno está designado por el Ejecutivo: el superintendente. El resto no. ¿Cómo se puede hablar de injerencia entonces? Aparte, la universidad elige a sus representantes con voto universal. Y luego, la misma ley es explícita para permitir la libertad de cátedra. Es más, las universidades son libres de diseñar sus mallas curriculares. ¿Injerencia? ¿Cuántas universidades cree que vayan a cerrar por no adecuarse a los requisitos de calidad? Les hemos dado a las universidades hasta dos años para que se adecúen a esas condiciones básicas de calidad. Es claro que algunas van a cerrar. Dudo de que todas alcancen las exigencias que la ley pide. Estamos trabajando un plan de contigencia para esa eventualidad, para que los estudiantes no salgan perjudicados.
Edición Impresa - La Republica | Lima - Domingo 24 de Noviembre del 2024