Los enjuiciados. Seis oficiales y 29 suboficiales retirados de la Marina son acusados del delito de homicidio calificado. Señalan que acabaron con la vida de los reclusos que se habían rendido con bandera blanca. La fiscal Luz Ibáñez Carranza reclama entre 25 y 30 años de cárcel para cada uno. Visite el especial multimedia "El juicio final: la matanza en El Frontón".,No están los señalados como presuntos autores intelectuales, pero sí los sindicados como autores de la ejecución extrajudicial de 133 reclusos del penal El Frontón, sobrevivientes del motín senderista del 19 de junio de 1986, en el primer periodo gubernamental del aprista Alan García. PUEDES VER: Kuczynski promete mejorar sueldos de médicos y enfermeras Son seis ex oficiales y 29 ex suboficiales de la Marina que se sentarán en el banquillo de acusados. El próximo 7 de octubre se realizará el control de acusación. La titular de la Segunda Fiscalía Penal Nacional, Luz Ibáñez Carranza, ha requerido penas de entre 25 y 30 años de prisión para los ex marinos imputados. Tres décadas después de ocurridos los hechos, y cuando se creía que el caso había sido cerrado, y luego de varios episodios de archivamientos y reaperturas, se reabre el proceso judicial contra los ex efectivos navales. La fiscal Luz Ibáñez los señala como autores directos de las ejecuciones extrajudiciales. Ni los ex marinos, ni sus abogados defensores, quisieron hablar a La República del proceso judicial. En abril de este año el caso dio un giro cuando Ibáñez incluyó en su acusación a dos oficiales de alto rango en retiro: el capitán de fragata Héctor Lazo Galliani y el capitán de corbeta Carlos Trevejo Rojas. El Ministerio Público identificó a Héctor Lazo Galliani como la máxima autoridad militar en el debelamiento del motín de El Frontón, y ha solicitado una condena de 30 años de cárcel para él, por el delito de homicidio calificado en la modalidad de asesinato por ferocidad. Según la acusación fiscal, el 19 de junio de 1986, Lazo fue el coordinador de enlace con los altos mandos de la Marina que no acudieron a la isla. También le adjudica haber ordenado a los pelotones de fusileros –a cargo de los oficiales Carlos Tello Aliaga y Luis Román Rodríguez–, para quienes la fiscalía exige 27 años de cárcel. Por su parte, la fiscalía identificó al capitán de corbeta en retiro Carlos Trevejo Rojas como el jefe de elemento de maniobra de la Marina durante el sofocamiento de la asonada de los presidiarios. La fiscalía demanda una pena de 28 años de cárcel para él. Otros dos oficiales de bajo rango, los tenientes primero César Patrón Baldwin, quien era adjunto de Trevejo; y el jefe de escuadra, Eladio Ching Benavides, son acusados de homicidio calificado. La Fiscalía pide que se les condene a 27 años de prisión. “Esta acusación fiscal se centra únicamente en acusar a quienes ejecutaron extrajudicialmente a las reos que salieron rendidos después de la 1.30 de la tarde del 19 de junio de 1986. Un grupo de internos salió con una bandera blanca, (pero) los oficiales seleccionaron a los cabecillas, los llevaron a las letrinas y los fusilaron”, aseguró la fiscal Ibáñez Carranza a La República. “A otro grupo le dijo que corra a la playa y luego les dispara por la espalda. Esto constituye delito de homicidio calificado y ejecución extrajudicial desde el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos”, agregó. El pelotón Los suboficiales en retiro acusados por el Ministerio Público son Julio Morales Palacios, Juan Ágreda Huamán, José Bryson de la Barrera, Édgar Villanueva Paiva, Jorge Curzo Ramírez y Augusto Ramos Toledo. La denuncia fiscal asegura que actuaron bajo órdenes directas de los oficiales Lazo Galliani y Trevejo Rojas, y que participaron en los entierros clandestinos de las víctimas. A ellos se suman Cilas Sanabria Payano, José Bellodas Arroyo, Humberto Madrid Sosa, Édgar Rojas Poma y Nicolás Romero Saldaña, quienes actuaron bajo el mando del oficial Carlos Tello Aliaga, según el expediente del caso. La Fiscalía los acusa de homicidio calificado en la modalidad de asesinato por ferocidad. La lista de acusados continúa con los suboficiales Federico Pineda Alache, Segundo Izquierdo Quispitongo, Antonio Jara Montoya, Américo Martínez Cárdenas e Hipólito Silva Torres. También José Salcedo García, Eduardo Llontop de la Cruz, Félix Álvarez Morales, Toribio Dioses Lupú, Julio Casusol Martínez, Wilbert Puerta Calderón y Eduardo Castillo Vega. Según la acusación de la fiscal Ibáñez Carranza, los efectivos actuaron bajo las órdenes directas del oficial Román Rodríguez. Por último, la fiscal Ibáñez Carranza solicita penas de 25 años de cárcel para Carlos Garrido Cabrera, Francisco Herrera Carrasco, Ronald Mc Lauchlan Woodman, Manuel Palma Guevara y Luis Herrera Carreño. A ellos los identifica como miembros de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOES) de la Marina encargados de volar el Pabellón Azul del penal El Frontón. Los acusa del delito de homicidio calificado en la modalidad de asesinato por explosión. El expediente del caso, al que tuvo acceso La República, detalla que los miembros de las FOES utilizaron “potentes explosivos C4, colocados en las columnas de la edificación (el Pabellón Azul), con el fin de derribarla por completo”. Además, apunta que los oficiales de la Marina “participaron en la muerte feroz y alevosa de las víctimas” e indica que se utilizaron “elementos desproporcionados de la fuerza bélica, realizándose ejecuciones extrajudiciales (fusilamientos)”. El expediente incluye testimonios de los miembros de la Marina que reprimieron el motín, de oficiales de las Fuerzas Armadas y reclusos sobrevivientes. Los caídos El expediente del caso detalla también el asesinato de tres marinos que acudieron a la isla para controlar el motín. En los primeros intentos de demolición del Pabellón Azul, el operador lanzacohetes, suboficial Juan Lomas Poetiza, recibió un disparo en el cráneo que hicieron los amotinados. El efectivo sobrevivió. La primera baja de los efectivos de la Marina generó un intercambio de fuego entre ellos y los francotiradores amotinados. Según el expediente, los reclusos contaban con tres fusiles G3 y una ametralladora FMK-3, robadas a los efectivos de la ex Guardia Republicana encargados de la seguridad del penal. Los suboficiales de la Marina David Marino Palacios y Edilberto Jiménez Guardia fueron asesinados por los amotinados durante el rescate del comandante Luis De La Jara Murillo, alcanzado por un proyectil cuando se encontraba en el segundo piso del Pabellón Azul. Por último, el suboficial de la Marina Marco Ramírez Gómez fue encontrado muerto en el primer piso del Pabellón Azul. Ccamino al juicio Luego del sofocamiento del motín en El Frontón, el Fuero Militar archivó las denuncias de ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, la defensa de los internos asesinados Roberto Durand Sandoval y Gabriel Ugarte Rivero decidió elevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que determinó que hubo ejecuciones extrajudiciales y presentó la denuncia ante la Corte de San José. En el 2001, la corte pidió al Perú identificar, juzgar y sancionar a los culpables de las violaciones cometidas durante el control del motín. El mandato recayó en la Fiscalía Especializada para Desapariciones Forzadas, Ejecuciones Extrajudiciales y Exhumación de Fosas Clandestinas. El fiscal Mario Gonzales Díaz investigó el caso hasta diciembre del 2004 y descubrió que los cuerpos de los reclusos asesinados fueron enterrados en seis cementerios de Lima. Aún esperan entrega de los restos La defensa de los internos asesinados en El Frontón alertó que el Estado peruano aún no culmina la entrega de los restos a sus familiares. De los 133 reclusos asesinados, hasta la fecha se han devuelto los restos de solo 21 de ellos. “Los asesinaron, los enterraron en fosas clandestinas y nunca los entregaron. Algunos siguen amontonados en cajas. ¡Han pasado 30 años! Hemos enterrado a padres esperando a que le entreguen los restos de sus hijos. ¿Qué justicia es esa?”, cuestionó el abogado Sebastián Chávez Sifuentes, defensor de los familiares de Alejandro Chancasanampa Castro, uno de los asesinados en El Frontón el 19 de junio de 1986. El Ministerio Público realizó una tercera entrega de restos el pasado 4 de agosto en la Morgue Central de Lima. Durante la ceremonia, los familiares de Claudencio Mendoza Reyes, Feliciano Huamaní Astuvilca, Alfonso Gonzales Toribio, Joel Canahualpa Valenzuela, Segundo Chávez Díaz, Alejandro Chancasanampa Castro y Melchor Alarcón Coronado recibieron certificados de identificación de los cuerpos. Todavía no hay fecha programada para la cuarta entrega. No todos los internos estaban condenados por terrorismo. Fiscalía los acusa Oficiales Héctor Lazo Galliani Capitán de Fragata Carlos Trevejo Rojas Capitán de Corbeta César Patrón Baldwin Teniente de Primera Carlos Tello Aliaga Teniente de Primera Luis Román Rodríguez Teniente de Primera Eladio Ching Benavides Teniente de Primera Suboficiales Pedro Talledo Torres José Bryson de la Barrera Juan Ágreda Huamán Édgar Villanueva Paiva Jorge Curzo Ramírez Augusto Ramos Toledo Julio Morales Palacios Cilas Sanabria Payano José Bellodas Arroyo Humberto Madrid Sosa Édgar Rojas Poma Nicolás Romero Saldaña Federico Pineda Alache Segundo Izquierdo Quispitongo Antonio Jara Montoya Américo Martínez Cárdenas Hipólito Silva Torres José Salcedo García Eduardo Llontop de la Cruz Félix Álvarez de la Cruz Toribio Dioses Lupu Julio Casusol Martínez Wilbert Puerta Calderón Carlos Castillo Vega Carlos Garrido Cabrera Francisco Herrera Carrasco Ronald Mc Lauchlan Woodman Manuel Palma Guevara Luis Herrera Carreño,
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