Reforma. Los congresistas empezaron a discutir un nuevo Código Penal, con penas más severas para los delitos más graves. Grupos feministas rechazan penalización del aborto., La cadena perpetua se llamará ahora pena indeterminada. Es aquella condena que va más allá de los 35 años de pena privativa de la libertad. Este es uno de los cambios que trae el nuevo Código Penal. PUEDES VER: Comisión de Energía aprobó proyecto de ley de tarifa única de electricidad El actual Código Penal data del año 1991, por lo que la nueva norma busca, dicen sus promotores, actualizar la legislación penal a las nuevas formas de criminalidad. Entre ellas, la delincuencia organizada, los delitos cibernéticos, la responsabilidad penal de las empresas y la trata de personas. Además, busca simplificar las más de 600 modificaciones realizadas al Código Penal de 1991 y unificar las leyes penales especiales, contra el narcotráfico, delitos tributarios y aduaneros, entre otros. Penas se suman La pena indeterminada alcanza a más delitos que la actual cadena perpetua. La norma vigente establece que si un delincuente comete, digamos, cuatro delitos cuya suma de pena llega hasta los 40 años de cárcel, la condena solo llega a los 35 años de pena privativa. Con el nuevo Código Penal, si la suma de pena de diversos delitos cometidos por un procesado supera los 35 años, la condena se convierte entonces en pena indeterminada. La muerte o bien los jueces, en una revisión del caso luego de los 35 años de pena efectiva, determinarán cuándo concluirá dicha pena indeterminada. Lesa humanidad Además, se establece que en condenas por delitos de violación sexual y terrorismo, al cumplirse la condena de prisión, el juez puede establecer que el recluso quede sometidos a medidas de seguridad o vigilancia post cárcel, entre cinco hasta diez años más. Estas medidas de vigilancia o seguridad incluyen impedimento de acercarse a la víctima, visitar los penales, acercarse a determinados lugares o tener en su poder medios susceptibles de ser empleados en la comisión de un delito. El nuevo Código Penal también incorporará los delitos contra los derechos humanos, no previsto expresamente en la actual norma: el genocidio, la tortura, la desaparición forzada de personas, la esterilización forzada, lesa humanidad en tiempo de paz o en conflicto interno o externo. Igualmente, se establece que los delitos contra los derechos humanos no prescriben hasta que el Estado dé por agotadas todas las investigaciones y que se demuestre que estas se realizaron efectivamente y con diligencia. Expulsión Se restablecen la reincidencia y habitualidad como agravantes de la comisión de un delito. También para considerar la expulsión de un extranjero que comete delito en el país. La expulsión solo procederá cuando la pena sea mayor a seis años y establezca que el extranjero no tiene arraigo familiar o social en el país o que su vida corra peligro en el extranjero. En general, se incrementan las agravantes para todos los delitos. Por ejemplo, quien delinca desde la prisión tendrá una pena mayor que quien que lo haga en libertad. Sí la víctima es mujer y es agredida por esa condición también se incrementará la pena. Asimismo, se considerará como violación sexual a cualquier acceso carnal cuando la víctima está en una situación o entorno en el que no pueda decir "no", aunque no exista violencia en el acto. Los cambios, de aprobarse en el Congreso, se aplicarán a los delitos cometidos a partir de la promulgación de la nueva ley. Se oponen a penalizar aborto en casos de imprudencia o violación En una conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, y los ministros del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal; del Interior, José Pérez Guadalupe; de Justicia, Aldo Vásquez, y de la Mujer, Marcela Huaita, se opusieron a la aprobación de un nuevo Código Penal. Dijeron que debilita la lucha contra la minería ilegal y la delincuencia común. Llamó la atención que lo hicieran el mismo día que la norma se empezó a debatir en el Congreso, cuando el Parlamento había solicitado aportes desde enero del 2015. La congresista Rosa Mavila y organismos de derechos humanos también reclamaron por la aprobación del Código Penal que insiste en penalizar el aborto, incrementando las penas y aumentando las modalidades, como el aborto por imprudencia, con una pena mayor al aborto voluntario.
