Viviana Krsticevic, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), señala que absolución de Jesús Zamudio es preocupante porque impide conocer la verdad., El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expone que el Perú obstaculiza la investigación sobre la ejecución extrajudicial de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, alias 'Tito', antiguo miembro del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). PUEDES VER: Caso Chavín de Huántar: 10 datos para entender el fallo de la Corte IDH Como se recuerda, Cruz fue asesinado tras efectuarse la operación de rescate –denominada Chavín de Huántar– de los rehenes de la residencia del embajador japonés en 1997 y se responsabilizó al teniente coronel EP (r) Jesús Zamudio Aliaga de haber dado la orden de ejecución del emerretista. Principal obstáculo Como se sabe, el 27 de enero la justicia peruana decidió absolver a Zamudio de toda responsabilidad. Esto, según la directora ejecutiva de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Gloria Cano, solo "fortalece los pactos de silencio que impiden una investigación efectiva sobre la ejecución de Cruz Sánchez". Por su parte, la directora ejecutiva de CEJIL, Viviana Krsticevic, calificó de "preocupante" que en procesos en curso se impida que se conozca la verdad. "La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) fue muy clara en su decisión respecto de la obligación del Perú de llevar a cabo una investigación seria y efectiva para identificar, procesar, y sancionar a los responsables de la ejecución extrajudicial de Cruz", precisó. Este pedido de la Corte IDH se efectuó el 29 de junio del 2015 donde también se declaró responsable al Perú por dicha ejecución "por la falta de garantías judiciales e investigaciones diligentes". El proceso de Zamudio En tanto, el CEJIL advierte que el Estado peruano no cumplió con sus obligaciones internacionales, ya que las investigaciones hechas a Zamudio no hicieron "más que sumar obstáculos procesales". Esas limitaciones que señala la entidad internacional son que solo recurrieron a interrogaciones, no permitieron a la fiscalía presentar nuevas pruebas para hallar nuevos datos sobre dicha ejecución y no hubo un debate, un requerimiento que fue hecho por la misma fiscalía. Se debe señalar que Zamudio recién se puso a derecho ante las autoridades peruanas el 21 de agosto del 2015, luego de haber estado prófugo de la justicia desde el año 2002. Ese mismo año que se entregó –el 14 de setiembre– el teniente coronel EP (r) comenzó su juicio oral, del mismo que salió absuelto el miércoles pasado.
