A magistrado le dicen que si regresa al Tercer Juzgado Civil le sucederá lo mismo que a su ex secretaria Doris Ruiz y al funcionario de Sunat. Ambos fueron asesinados.,Los principales procesos emblemáticos de la región Lambayeque, como son las pugnas en las azucareras, han estado en las manos del titular del Tercer Juzgado Civil de Chiclayo, Óscar Tenorio Torres, quien a la fecha no solo afronta su tercera suspensión por presunta falta grave en el ejercicio de sus funciones, sino también —como reveló a La República— es víctima de amenazas de muerte desde el 31 de diciembre de 2015, es decir, a tan solo 24 horas después que el Órgano de Control de la Magistratura - OCMA le aplicara la sanción. Según consta en el equipo celular de Tenorio, el último día del año pasado a las 12:54 de la tarde, mientras se encontraba con su familia en una de las playas del norte del país, recibió mensajes del número telefónico Nº 945524906. En los que se lee (con errores ortográficos): “...ya te botaron ahora si vas acavar como el huev... de la sunat si sigues jodiendo. Quitat para siempre de ese jusgado si regresas nuestra gente te va a mandar con tu secretaria la finadita doris ruiz...cuida tu vida olvídate de Pucalá tu familia es lo primero”. En otro de los extractos se menciona: “Nada de tombos que te estamos siguiendo date cuenta que tu gente acava en el sementerio si denunsias nos van abisar”. El juez suspendido señaló que al señalar a un personaje de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, presume que se trata de Luis Roberto Cieza Herrera, quien fue asesinado en diciembre de 2015 por sicarios. Mientras Doris Ruiz, quien fue secretaria del Tercer Juzgado Civil de Chiclayo, fue atacada a balazos por hampones a sueldo en setiembre de 2012. La entonces servidora judicial no logró sobrevivir. En ese sentido, el magistrado enfatizó que su integridad y la de su familia están en peligro, por lo que solicitará garantías policiales. “La Corte Superior de Justicia de Lambayeque comunicó a la Policía que me retiren el resguardo policial”, anotó y pidió a las autoridades identificar a los autores de este hecho a fin de evitar incidentes lamentables. “Acción draconiana” Líneas seguidas, Tenorio Torres dijo que fue la Unidad de Prevención (OCMA) que dirige Marcela Niño Neyra Ramos la que ordenó la suspensión, es por eso que apeló ante la jefa de este organismo, Ana María Aranda Rodríguez. “Se actuó de manera draconiana. El proceso disciplinario en mi contra se realizó en la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura en Lambayeque, pero no me notificaron y por ende no tuve derecho a la defensa”, recalcó y dijo que llama la atención que este tipo de medidas disciplinarias no se impongan a juzgadores de Utcubamba, Amazonas, Bagua, que emiten cuestionadas resoluciones. También mencionó que fue suspendido el 30 de diciembre de 2015, pero recién lo notificaron el 5 de enero de 2016. Se defiende La tercera suspensión que impuso la OCMA al magistrado es por dar inicio a un proceso de amparo solicitado por una empresa constructora en el contexto de una demanda a la municipalidad de Colán (Piura), por haber resuelto un contrato por obra pública. En su explicación, Tenorio afirmó que en un primer momento este petitorio fue declarado inadmisible por la competencia territorial. “Luego el demandante presentó un documento de Sunat y una constancia notarial que su residencia está en Chiclayo. Hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el Código Procesal Constitucional que permite habilitar el proceso de amparo”, expresó. Respecto a la observación del proceso de arbitraje, dijo que este se entabló en agosto de 2015, después de su pronunciamiento. “Al conocer que había un arbitraje anulé el amparo, por lo tanto no hubo efectos ni lesividad”, subrayó. Denunciaría penalmente El juez dijo que Odecma y OCMA actuaron de manera subrepticia, por lo que evalúa tomar acciones administrativas y penales. “Este proceder preocupa y no descarto la hipótesis de que el poder azucarero esté detrás de todo”, afirmó y añadió que existe en el Tercer Juzgado Civil un pedido de subrogación de la administración en la empresa Pucalá que debe atenderse. Redacción Chiclayo